La poca capacidad financiera estatal traba ejecución de planes de empleo
Los cinco fondos contemplados en el Programa Nacional de Reactivación del Empleo, con un presupuesto aproximado a los 18 mil millones de dólares, se muestran muy por encima de las capacidades financieras del Estado, actualmente afectado por un profundo déficit fiscal y caída de ingresos fiscales.
Este análisis corresponde a la Fundación Jubileo, que cuestiona la pertinencia de la ejecución de los programas contemplados en el Decreto Supremo 4272 (orientados a proteger y generar empleos) que requerirán un mayor endeudamiento del Estado para favorecer básicamente la reactivación del empleo del sector formal, pese a que el 70 por ciento del empleo en Bolivia se encuentra en el sector informal.
“Los grandes montos que el decreto plantea estarían muy por encima de las capacidades financieras que el Estado presenta actualmente frente a un profundo déficit fiscal y la caída de ingresos fiscales en el corto plazo”, dice análisis publicado ayer.
El decreto contempla la creación del Programa Intensivo de Empleo, con un importe de 100 millones de bolivianos; del Fondo de Reactivación (FORE), con 12 mil millones; del Fondo de Garantía Sectorial (Fogasec), con 1.100 millones; del Fondo de Afianzamiento de las Micro y Pequeñas Empresas, con 120 millones; y del Fondo de Garantía para el Crédito de Vivienda Social y Solidaria (Fogaviss), con un importe de hasta 5.000 millones.
El estudio cuestiona si la ejecución de los programas contemplados en el decreto implica un mayor endeudamiento del Estado, puesto que, si ese fuera el caso, ¿corresponde que la población, sobre la que recae la carga de la deuda pública, financie los temas planteados en el decreto en cuestión?
El documento observa un gran énfasis en el apoyo al sistema financiero, por lo que considera correspondiente que las autoridades expliquen si la estabilidad de este sector está en riesgo. Por ello, cuestiona si el Gobierno atenderá el apoyo al sistema financiero o al programa de empleo.
“El programa, por los planteamientos formulados en el decreto, tiene una incidencia, costos y alcance de mediano y largo plazo; por lo que consideramos que debería concertarse previamente con diferentes actores políticos y sociales, considerando que actualmente nos encontramos en un proceso de transición”, dice el estudio.
Finalmente, afirma que llama la atención que el Programa esté enfocado básicamente en el sector formal, pese a que el 70 por del empleo en el país ciento está en el sector informal.
A raíz de la pandemia, el empleo informal creció de modo considerable.
