Aumenta la tensión entre el Gobierno colombiano y la ONU
Bogotá y Ginebra |
Colombia sigue siendo el país de América Latina donde se asesinan a más defensores de derechos humanos, “y las amenazas se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”, aseguró el relator especial de la ONU Michel Forst.
El riesgo, además, ha aumentado en los tres años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Esas crudas conclusiones, que presentó este miércoles en su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, han aumentado la ya elevada tensión entre el Gobierno de Iván Duque y Naciones Unidas.
“Las personas en mayor riesgo son los líderes sociales que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medioambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”, señala el informe.
También apunta que carecen de un reconocimiento público positivo, y a pesar de las declaraciones en las que Duque valora su papel, “otros actores estatales y no estatales” los deslegitiman y criminalizan.
Según el documento, los dirigentes políticos y funcionarios públicos, entre otros, estigmatizan a los activistas al tratarlos como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollos” o “informantes”.
En un nuevo episodio de la encendida polémica que lo enfrenta a distintas oficinas de Naciones Unidas, el Gobierno rechazó “tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones”, pues asegura que Forst “no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas” y “desconoce información proporcionada por el Estado durante su visita”, de manera que sus observaciones “no reflejan fidedignamente la situación actual del país”, reseñó el diario El País.
Las conclusiones de Forst, formalmente el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, se conocen apenas un día después de que la ministra del Interior, Alicia Arango, representante de los sectores más afines al expresidente Álvaro Uribe en el Gabinete, desató una nueva polémica al afirmar que en Colombia “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”.
Una declaración que fue ampliamente interpretada como una manera de minimizar el problema del persistente asesinato de líderes sociales. Un total de 323 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016, de acuerdo con el informe.
La escalada de violencia contra los defensores de derechos humanos no ha tenido tregua. Al menos una treintena fueron asesinados entre enero y febrero y, en lo que va de este año, la Alta Comisionada de la ONU ha recibido 40 denuncias por asesinatos contra líderes sociales.
