Pacientes demandan a farmacias en Perú por presunto control de precios

Mónica Martínez - Lima

Pacientes crónicos, organizaciones civiles y dos legisladoras han presentado una demanda de amparo por el presunto control de precios de la firma InRetail Pharma, propietaria de las principales cadenas de farmacias en el país, con la expectativa de que el Estado peruano garantice el acceso a la salud.

Un grupo de pacientes por enfermedades como la diabetes e insuficiencia renal han llevado su queja ante el Poder Judicial de Perú porque sostienen que medicinas como la azitromicina, usada también para combatir el Covid-19, han elevado su precio por encima del 511 % respecto al costo del genérico.

"Si esto era grave antes del Covid-19, ahora que a la gente la están botando de su trabajo (por la cuarentena debido a la pandemia), se hace mucho más evidente. Hay la necesidad del Estado de entrar a proteger", declaró a Efe el abogado Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal (IDL) que patrocina el recurso.

La demanda de amparo ha sido presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima por Sabino Pezo, representante de la Asociación de Personas con Diabetes en la región amazónica de Loreto; por Mario Ríos, representante de la Federación de Cannabis Medicinal, y por Saturnino Espinoza, representante de la Asociación de Padres de Niños con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.

Asimismo, por las congresistas del izquierdista Frente Amplio Mirtha Vásquez y Rocío Silva Santisteban, así como por los portavoces del Foro Salud, Luis Lazo, y de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), María del Rosario Narváez.

• FARMACIAS SE FUSIONAN

Ruiz explicó que la empresa InRetail Pharma compró la compañía Quicorp en el 2018 y con esa adquisición "se hace del 83 % del mercado privado de farmacias", entre las que se encuentran las cadenas Inkafarma y Mifarma que suman más de 2.000 locales en 24 ciudades del Perú.

"¿Esta posición de dominio es compatible con la Constitución? Esa es la pregunta de fondo que hemos planteado en la demanda", indicó el letrado.

En opinión de Ruiz, "la libre iniciativa privada y la prohibición de monopolio establecida en el articulo 61 (de la Constitución Política) es incompatible con este monopolio".

El abogado agregó que "en este caso, este virtual monopolio o posición de dominio incide en la salud y la demanda" y citó un estudio de la organización internacional Oxfam en el que compara los precios de medicamentos genéricos con los de marca y en algunos casos la diferencia llega a 1.000 %.

• DENUNCIAN CONTROL DE PRECIOS

"El segundo argumento es que esta posición de dominio afecta los derechos de los consumidores porque le da el poder de fijar precios", afirmó.

Uno de los problemas de salud más preocupantes entre las comunidades indígenas en Perú es el Sida, pues mientras el promedio nacional de incidencia es 0,25 %, entre los pueblos nativos como los awajún se eleva a 7 %, según señaló Ruiz.

"Entonces, el Estado no puede quedarse cruzado de brazos frente a ese tipo de situaciones. Tiene que entrar a proteger a ciertos sectores que tienen una extremada vulnerabilidad en sus derechos", aseveró.

Sin embargo, la empresa InRetail Pharma respondió a Efe, en forma escrita, que "en el Perú no existe ningún monopolio farmacéutico", tras negar haber sido notificados formalmente de la demanda.

La compañía precisó que el Estado es el "principal actor en el sector salud y de medicamentos" en el país con 80 % de la dispensación nacional y que sus cadenas de farmacias representan el 14 % del mercado privado.

• EMPRESA NIEGA ALZA

Sobre el aludido incremento de precios de los medicamentos, la empresa farmacéutica negó que haya habido un incremento de precios en sus cadenas y que en su lugar "las medicinas en el Perú han bajado de precio", según el índice de precios al consumidor.

"Inkafarma y Mifarma no han subido los precios de los medicamentos desde el inicio de la pandemia y se han comprometido a congelar los precios de medicamentos para COVID-19 hasta el final de la emergencia sanitaria", precisó la compañía.

Además, la empresa señaló que "más del 45 % de las unidades que vendemos corresponden a medicamentos genéricos, lo que evidencia que nuestros clientes tienen acceso a una amplia oferta de estos medicamentos".

El abogado de IDL indicó que el amparo "es un proceso rápido de tutela de urgencia", que podría ser resuelto en agosto en caso de ser admitido, en el que están pidiendo que "se reconozca que hay una violación sistemática al derecho a la salud", que se anule el contrato de adquisición de Quicorp y que el ministerio de Salud se pronuncie en casos que puedan derivar en monopolio.