El Gobierno peruano levanta el estado de emergencia en Lima
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció este jueves que el Gobierno acordó levantar el estado de emergencia en el departamento de Lima ante la tendencia a la baja de las protestas antigubernamentales, pero amplió la medida en la provincia de Ica y en algunas carreteras de la red vial nacional.
"Se ha acordado en el Consejo de Ministros levantar el estado de emergencia en el departamento de Lima. Esta es una medida muy importante para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos", afirmó a la prensa Otárola.
El primer ministro agregó que esta decisión se tomó porque ya "han pasado las condiciones y consideraciones" que llevaron al Ejecutivo a instaurar esta medida en Lima, donde vive casi un tercio de la población del país y hasta donde se desplazaron, en febrero pasado, cientos de ciudadanos de otras regiones para protestar contra la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
Otárola informó, sin embargo, que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que amplía el estado de emergencia en la provincia de Ica, del departamento homónimo, colindante con Lima, y en algunas carreteras de la red vial nacional.
Dijo que, en Ica, "todavía hay un trabajo adicional de seguridad y desarrollo", mientras que la prórroga de la medida en las carreteras "va a permitir que la Policía Nacional continúe manteniendo el orden y el desbloqueo de carreteras como exitosamente ha venido trabajando en las últimas semanas".
El Gobierno peruano decretó el estado de emergencia a nivel nacional a mediados de diciembre pasado, cuando estalló la ola de protestas antigubernamentales tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), y después limitó la medida a algunas regiones del país.
Previamente, el Gobierno de Castillo también había decretado el estado de emergencia en Lima y su vecina provincia de Callao para combatir la criminalidad.
Durante el estado de emergencia, quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, y la Policía Nacional de Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
No obstante, en el caso de la sureña región de Puno, fronteriza con Bolivia y reducto de las movilizaciones, el control es asumido por los militares.
Desde que arrancaron las protestas en diciembre, 76 personas han perdido la vida, la mayoría de las cuales eran manifestantes que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uno era policía, seis militares y una veintena más murieron por hechos relacionados con los bloqueos de carreteras, que hoy siguen presentes en el sur.
