Política antidroga criminaliza la pobreza
La Paz |
La política antidroga en Bolivia y de otros países de la región golpea a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico y especialmente a las mujeres, según afirmó ayer el representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) en Bolivia, Antonino De Leo.
“La mayoría de las mujeres detenidas por delitos menores relacionados con droga son mujeres pobres, sin educación, que han sufrido el abandono familiar y la violencia intrafamiliar”, explicó De Leo en el transcurso de una serie de ponencias sobre la situación de las mujeres encarceladas por delitos de drogas en Bolivia.
El 39 por ciento de las mujeres encarceladas en Bolivia enfrenta este tipo de cargos, un porcentaje que triplica la media mundial, aunque está cerca de otros países de la región.
Además, la población reclusa femenina en el mundo creció un 50 por ciento desde el año 2000, el doble de rápido que la población masculina, según datos citados por el organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El representante de la Unodc en Bolivia afirmó que se puede hablar de “criminalización de la pobreza” y que la política antidrogas “ataca los eslabones más débiles”.
De Leo puso el ejemplo de una mujer, huérfana desde los ocho años, que transportó cinco kilos de cocaína para pagar la graduación escolar de su hija a cambio de 15 dólares el kilo, la misma cantidad por la que se vende al menudeo un gramo de la misma sustancia.
El representante de la ONU atribuyó este tipo de casos a las leyes antidroga que se aprobaron en toda la región a finales de los años 80, “que tenían un enfoque punitivo y no prestaban atención a la dimensión de la salud”.
En este sentido, dijo que la legislación antidroga boliviana, conocida como “Ley 1008”, es “obsoleta” y que las situaciones en que mujeres acaban en la cárcel por consumir drogas “deberían pertenecer al siglo pasado”.
De Leo apuntó que “una reducción de la detención preventiva y la adopción de políticas de control de droga en línea con los estándares internacionales” permitirían reducir el hacinamiento de las cárceles del país.
El 62 por ciento de la población reclusa boliviana está pendiente de sentencia, según datos de la unidad de Régimen Penitenciario.
El director de esa institución, Jorge López, recordó que las mujeres representan el 7,9 por cienro de la población reclusa del país y el 15,41 por ciento de las personas privadas de libertad es por delitos relacionados con drogas. La ONU propuso que la próxima ley contra el narcotráfico en Bolivia recoja medidas especiales para acortar penas de las llamadas “mulas” (personas que transportan droga) que ya cumplen sentencia, así como mejorar la reinserción sociolaboral.
