Fiscal admite que no se investigó a china Camce
La Paz | Los Tiempos
La Fiscalía de La Paz pedirá una sentencia de 12 años de cárcel para Gabriela Zapata Montaño por “legitimación de ganancias ilícitas”, delito que más peso tiene de los seis por los que todavía se le imputa.
El miércoles, la Fiscalía eximió a Zapata de cuatro delitos y con ello liberó de cualquier tipo de responsabilidad al Estado y la empresa china Camce.
El caso Zapata estalló en febrero de 2016 con la denuncia del periodista Carlos Valverde en sentido que el consorcio chino se beneficiaba con la adjudicación de obras debido a la relación que sostuvieron el presidente del Estado, Evo Morales con Zapata, en ese entonces gerente comercial de Camce, por haber procreado un supuesto hijo, por lo que había sospechas de un delito de tráfico de influencias.
Sin embargo, según el fiscal General, Ramiro Guerrero, si bien la primera imputación a Zapata se la realiza porque presuntamente lograba contratos a favor de la empresa Camce y otras empresas a través del vínculo que tenía con la entonces jefa de Unidad de Apoyo a la Gestión Social, Cristina Choque, en el proceso de investigación se evidencia que no hay sustento para esta sindicación y que además no se investiga porque había una indagación en curso que realizaba la Asamblea Legislativa Plurinacional y que, de acuerdo con la economía jurídica, no puede existir una investigación paralela.
“El Ministerio Público no ha investigado el tema de los contratos de la Camce. Ustedes saben muy bien que ha habido una instancia del Órgano Legislativo, una comisión legislativa la que ha investigado, indagado, no se puede hacer una doble investigación. Producto de ello es que se determina la exclusión en algunos delitos pero también la participación en otros”, señaló.
Bajo este concepto, la comisión de fiscales de la Fiscalía de La Paz, presentó la acusación formal en contra de Gabriela Zapata con el sobreseimiento de cuatro delitos de los 10 que se le imputó: uso indebido de influencias, falsedad material, falsedad ideológica, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Dentro de este esquema, Guerrero afirmó que no se excluyeron delitos que tengan penas altas y que en todo caso entre los incorporados durante el proceso de investigación el de “legitimación de ganancias ilícitas es la que más peso tiene” por lo que la Fiscalía pedirá la pena máxima de 12 años.
PEDIRÁN LIBERTAD DE CHOQUE
La abogada Martha Requena, defensora de Cristina Choque exjefa de la Unidad de Gestión Social, informó que solicitará al fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, ratificar las “resoluciones de rechazo y sobreseimiento” en el caso Zapata-Camce que favorece a su defendida para que tramite su libertad.
En el caso de la resolución de sobreseimiento, la comisión de fiscales suspendió la imputación por los supuestos delitos de “enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”.
Explicó que los representantes del Ministerio Público toman este tipo de decisiones cuando establecen que no hay indicios o elementos de prueba que pudieran permitir sustentar una posterior acusación.
POR RETRACTACIÓN DE EXNOVIA DE EVO
Oposición sospecha de trato Gobierno-Zapata
La oposición considera que la decisión del Ministerio Publico de eximir de culpa y pena a Gabriela Zapata en cuatro delitos obedece a una negociación entre el Gobierno y la expareja del presidente Evo Morales.
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz sostiene que no es casualidad esta determinación de la Fiscalía después de que Zapata hiciera una serie de denuncias y retractaciones, en las que involucró al ministro de Minería, César Navarro, y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Zapata fue librada de culpa en los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
En relación al primero, Ortiz considera que fue eliminado para evitar que la investigación llegue a otras personas que estuvieron involucradas con Zapata, como algunos ejecutivos de la empresa CAMC y autoridades de Estado como el ministro Quintana. “Quieren concentrar toda la investigación, toda la responsabilidad en la señora Zapata, y están descartando los otros delitos que obligarían a investigar a otras personas”, dijo el senador opositor.
Por su parte, la diputada de UD, Rosemary Sandoval, agregó que el Gobierno quiere evitar que Quintana, y el mismo presidente Evo Morales, sean citados a declarar. “Esto huele mal, la forma en que opera el Gobierno, siempre tapando a las cabezas”, dijo la parlamentaria.
Sorpresa
“Nos ha sorprendido”, aseguró ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre la resolución del Ministerio Público de eximir de culpa a Gabriela Zapata en cuatro de 10 delitos que inicialmente se le había imputado. “Nos hemos enterado por la prensa, no estamos de acuerdo con esa decisión”, agregó el Ministro.
Señaló que “seguramente” los abogados de los ministerios están analizando si están en plazo para apelar la resolución de sobreseimiento.
