Defensa de Zapata pidió excluir audios y videos
Ayer, el proceso instaurado en contra de Gabriela Zapata Montaño giró sobre la presentación de pruebas documentales planteadas por el Ministerio Público ante la autoridad jurisdiccional, misma que fue observada por la defensa de la exnovia del presidente Evo Morales, de Cristina Choque, Jimmy Morales y otros, por supuestas irregularidades en que se incurrió para su obtención. Sin embargo, las mismas fueron admitidas luego de la argumentación de la Fiscalía.
De acuerdo con los defensores, la Fiscalía habría incidido en hechos cuestionables al momento de secuestrar las pruebas documentales porque en diferentes ocasiones se hubiese procedido sin el requerimiento fiscal o judicial correspondiente.
El Ministerio Público de la Paz presentó alrededor de 155 pruebas documentales destinadas a demostrar la conducta de cada uno de los acusados e identificar la forma en cómo se presentaron los hechos, la intencionalidad, las características y las circunstancias. Los juristas de los procesados pidieron la exclusión de varias pruebas documentadas, entre las que se contempla el movimiento bancario, los ingresos a la Oficina de Apoyo a la Gestión Social, audios y videos, y otros.
Martha Requena, representante de Cristina Choque, en la audiencia explicó que de acuerdo las normas jurídicas, cuando la Fiscalía presenta un documento como prueba, en este caso una resolución del Ministerio de la Presidencia, la misma debe ser apoyada con declaración oral de los firmantes, quienes también deben ser interrogados en juicio.
“En el presente documento firma Juan Ramón Quintana Taborga, Gabriela Baldivieso Medina, Luis Fernando Monroy Méndez, ciudadanos que tampoco han comparecido ante el Tribunal, en caso de que la Fiscalía, en la parte adversa, hubiese tenido necesidad de introducir este documento mínimamente debían dar cumplimiento al Artículo 333 del Procedimiento Penal en relación a la oralidad y también al Artículo 307 en caso de que se hubiera ofrecido como un anticipo de prueba”, dijo.
Sin embargo, el fiscal Daniel Ayala demandó ante el Tribunal Primero Anticorrupción dejar sin efecto el pedido toda vez que las pruebas adjuntadas en el caso cumplieron con todos los preceptos establecidos en la norma.
