Carnaval tributario

El transporte pesado ha alborotado el país con un bloqueo precarnavalero que protesta contra las injusticias tributarias. La medida de presión ha paralizado medio país y provocado fallecimientos en distintas circunstancias. Existe un millonario daño económico que crece conforme pasan los días y podría afectar seriamente al sector turístico si las vías no se despejan antes del Carnaval y se evita que los visitantes lleguen a destinos ya consolidados como Oruro y Santa Cruz.

El Presidente acusa a los transportistas de movilizarse para pagar menos impuestos y ésa es una explicación muy simplista a un problema de fondo que no sólo afecta a ese sector. Recuérdese que otros sectores, como el de los comerciantes gremialistas, ya se han pronunciado en contra de las políticas tributarias.

El verdadero problema del contribuyente en general, no sólo de los transportistas y gremiales, es que tiene al frente a un Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que, en lugar de alentar la universalidad del tributo, se ha convertido en un órgano casi represivo cuyo objetivo es recaudar lo más posible y, para ello, aplica multas y sanciones por doquier.

El contribuyente es el que el SIN tiene registrado en su base de datos y, por tanto, es fácil de ubicar. Puede hacerle seguimiento y, si se atrasa con el pago de sus impuestos o se equivoca en el llenado de algún formulario, es sancionado implacablemente.

Debido a ello, son muy pocos los ciudadanos que se interesan en obtener su Número de Identificación Tributaria porque saben que, al hacerlo, se vuelven visibles para el SIN y sus multas. Frente a eso, es mejor permanecer en el anonimato y, consiguientemente, no pagar impuestos. Por ello se dice que el Estado no alienta el pago de tributos sino, por el contrario, espanta a los potenciales contribuyentes. Y por eso, también, son cada vez más los sectores que hablan de la existencia de un “terrorismo tributario”.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores ha estado trabajando en una modificación del Código Tributario desde antes que estallaran los problemas. En esa labor ha identificado irregularidades como vulneraciones al debido proceso y usurpación de funciones.

El debido proceso es aquel en el que el acusado por la presunta vulneración a una norma es juzgado para ver si es culpable o inocente. Antes de dictar sentencia, se escucha al acusado para conocer sus razones y descargos. Las sanciones que aplica diariamente el SIN atentan contra ese derecho porque, sin escuchar al acusado, se le aplica directamente la sentencia; es decir, la multa.

La usurpación de funciones es aquella actitud en la que habría incurrido el SIN al actuar sobre la base de resoluciones normativas de directorio que, aparentemente, buscaban llenar los vacíos de la legislación tributaria. La comisión senatorial entiende que esa actitud es usurpar funciones propias del Órgano Legislativo que es el que elabora y aprueba las normas que luego son promulgadas por el Ejecutivo.

Con esos razonamientos, la comisión ha presentado una petición de informe a la que debe responder el presidente del SIN.

Habrá que esperar los resultados de esa acción fiscalizadora y, entretanto, el conflicto con los transportistas está con diagnóstico reservado.

La comisión tiene una propuesta para atender no sólo las demandas de los transportistas sino de todos los contribuyentes: un nuevo Código Tributario. Resta esperar que el Ejecutivo viabilice, de esa manera, una solución al conflicto.

El autor es periodista, Premio Nacional en Historia del Periodismo.