En defensa de la radiodifusión
La propuesta de Asbora es desde todo punto de vista merecedora de todo respaldo. Es de esperar que el Gobierno nacional no cometa el desacierto de desatenderla
La Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) ha presentado el pasado viernes un proyecto de decreto supremo modificatorio al actual DS 1391, que facilita la renovación de las licencias de radiodifusión para evitar el cierre de al menos 500 radios en el país, que podría dejar cesantes a cerca de 2.500 trabajadores.
La propuesta tiene como principal propósito poner freno a la actual política gubernamental sobre la distribución de licencias para las empresas de radiodifusión que pone en gravísimo riesgo la sobrevivencia de medio millar de radios, entre ellas muchas de las más antiguas y prestigiosas del país, por lo difícil que sería cumplir con las condiciones impuestas.
Los argumentos legales en los que se basa la propuesta de Asbora son abundantes. El principal de ellos es que uno de los pilares del DS 1391 que se propone aplicar el Gobierno es incompatible con lo que manda el Art. 30 de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (164), porque en lugar de canalizar la renovación automática obliga a las empresas del rubro a competir entre ellas en un proceso de licitación.
El planteamiento de Asbora no pone en duda las atribuciones que tiene el Estado sobre el espectro radioeléctrico y mucho menos niega la necesidad de poner orden en la caótica situación actual que ha llegado al punto de saturación. No se opone por consiguiente a la adopción de normas estrictas para la otorgación de nuevas licencias, pero exige que no se ponga en plano de igualdad a emisoras que ya tienen muchos años –varias décadas en muchos casos– con nuevos emprendimientos en el rubro.
Además de las consideraciones estrictamente legales, la preocupación de Asbora tiene un fundamento económico, pues la política gubernamental daría lugar a que el factor decisivo y único a la hora de adquirir o renovar las licencias sea el poder económico de quienes compitan en las licitaciones.
Además de lo anterior, las dificultades para las radioemisoras actualmente existentes se multiplican debido a que la Ley 164 establece que el espectro radioeléctrico deberá distribuirse otorgando un 33% del espacio a emisoras estatales, 33% a las comerciales, 17% a las “social comunitarias” y un 17% a las de “pueblos indígena originario campesino”. Eso significa que de las 600 radios comerciales actualmente existentes, sólo habría lugar para 200, las que hagan las mejores ofertas económicas al Estado.
Por último, pero no por eso menos importante, pues es un aspecto del problema que atañe no sólo a Asbora sino a toda la sociedad, está la dimensión política, social y cultural del asunto, pues las radios, por su amplio alcance popular, son los medios de comunicación que más contribuyen al flujo libre de ideas y al pleno ejercicio de las libertades de información y expresión por lo que cualquier limitación a su labor tendría consecuencias muy negativas sobre la calidad de la convivencia democrática.
Por todas esas consideraciones, resulta desde todo punto de vista merecedora de todo respaldo la propuesta de Asbora. Es de esperar que el Gobierno nacional no cometa el desacierto de desatenderla.
