El futuro de la elección judicial

El Gobierno se está jugando un mundo de posibilidades políticas y electorales. Se juega nada más y nada menos que la opción de buscar algún viso de legalidad a una probable candidatura de Evo Morales en 2019. Saben que no pueden optar por el expediente de las urnas debido al descrédito que va en aumento. Arriesgar que Evo vaya a un nuevo referéndum, sería suicida. Si el 26 F perdieron con escaso margen, con probabilidad que la derrota será mayor si persisten en consultar la opinión de la gente. Por ello es que miran otras opciones.

El propósito es invariable: lograr sea candidato porque es el único masista con chance de lidiar en una próxima justa. Pero si es así, ¿por qué temerle a un referéndum que consulte la posibilidad de ir a un nuevo mandato?. Precisamente por la naturaleza de la consulta y por lo que conlleva realizarla. La gente dijo No y eso pesa. De ahí la búsqueda de otros mecanismos.

Barajaron cuatro alternativas, la mayoría de ellas hilvanadas para generar un falso debate. La que tenga mayor peso legal debe ser la que parta primero, y debe ser contundente para que en el peor de los casos permita una amplia gama de interpretaciones jurídicas. Queda claro: el objetivo “Evo Candidato 2019” pasa por echar mano a nuevos actores. Para eso, calza y bien, un nuevo Tribunal Constitucional que contará con nueve miembros. La faena no será, por tanto, conseguir voto en las calles. El voto nulo tendrá, con probabilidad, amplia expectativa para llevarse el triunfo. La batalla tampoco será en la Asamblea cuando deba escogerse a los que finalmente irán a engrosar la papeleta de sufragio. Y es que la razón es obvia: el MAS cuenta con los 2/3 necesarios para decidir quién va y quién no. La batalla será librada con la sociedad civil y con el sentimiento colectivo de molestia e indignación  que da cuenta que el Gobierno nunca buscó (ni lo hará) empoderar la meritocracia como mecanismo supremo para la designación de los aspirantes.

No debe olvidarse que los 2/3 en la Asamblea todo “legalizan” frente a un gobierno con una carga ideológica tan fuerte que no dejará abierta la puerta para institucionalizar la justicia, ni pondrá en riesgo su permanencia en el poder. Ideológicamente lo único que interesa es conservarlo a cualquier precio. Si no, repasemos gobiernos como el venezolano o el nicaragüense. El corte es similar. El poder y su manejo a costa de todo. Pensar por tanto, en contar con miembros de un Tribunal Constitucional imparcial es lírico y surrealista.| Por eso es que la apuesta estará cifrada en lo que los nuevos miembros vayan a interpretar. Y dirán que los derechos políticos no pueden estar subordinados a un resultado electoral de manera indefinida. Recomendarán se constitucionalice un plazo en el que lo decidido en referéndum, sea verdad inmutable e inmodificable  (cinco años),  pero con aplicación a futuro, de tal suerte que lo del 21F no traiga consigo y bajo esa interpretación, la violación de dichos derechos políticos (sí puede ser candidato). Esa será la salida. Bajo ese contexto, los abogados, ungidos como magistrados, habrán sido de utilidad. No puede fallar el proceso. Llegar al 2025 sin sobresaltos es la consigna.

¿Y la oposición? Jugarán su rol. Denunciarán manoseo y acuerdos bajo la mesa. Abandonarán la sesión y los 2/3 harán su trabajo. Competirán los que el gobierno quiere que compitan. Es simple. La justicia y la preocupación por su diario deterioro, seguirá la línea discursiva de costumbre, mientras la gente seguirá jodida como siempre.

El autor es abogado.