Martirio legal y administración estatal

Se entiende que las leyes son las normas que organizan y facilitan la convivencia, ayudando a solucionar las dificultades que puedan surgir de ella sin tener que recurrir a la baladronada o a la insolencia. La actitud de muchos jueces y personal subalterno del Órgano Judicial, así como de numerosos ejecutivos de entidades públicas resulta inaceptable en tiempos de la denominada, pero empobrecida revolución democrática y cultural.

La petición en general es una demanda dirigida a una autoridad con poder de decisión; es un acto motivado por escrito que se presenta para solicitar autorización y se ordene una medida de procedimiento; es un acto de petición que está privilegiado por la Constitución Política del Estado (CPE) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Sin embargo, el ciudadano boliviano se tropieza a diario con enormes dificultades a la hora de encontrar soluciones a sus requerimientos. Es tal la burocracia judicial, por un lado,  y administrativa, por otro, que quienes ejercen cargos públicos, lo que menos hacen es cumplir lo que manda la CPE y las leyes, pues en muchísimos casos, una Circular está por encima de las normas fundamental, general o especial.

Por ejemplo, el Código de las Familias señala que para resolver una demanda de asistencia familiar, la audiencia debe fijarse en un plazo no mayor a diez días, pero lo evidente es que ésta se cumple cinco meses después, con la excusa de la excesiva carga procesal, y en materia civil o penal, el tormento es mucho peor; y las peticiones y trámites en oficinas de Derechos Reales de Cercado, Sacaba y Quillacollo, de las alcaldías en general, de la Gobernación o del Registro Cívico son realmente de espanto, sin que autoridad alguna se apiade de las personas que diariamente acuden a esas dependencias, y de yapa, deben soportar el trato displicente y hasta despótico de la mayoría de los funcionarios estatales. Las dependencias fiscales y policiales no están exentos, pues también engrosan las listas de entidades con funcionarios abusivos, donde nada es gratuito.

En ocho años del figurado nuevo Estado, once años de gestión gubernamental y siete años de autonomía, las cosas han ido empeorando, sin que esto quiera decir que antes de los años 2006, 2009 o 2010 la administración de justicia y la pública eran mejores, no, pero nunca como ahora. Lo que se ha logrado en estos años es institucionalizar la dependencia política, la ineficacia, la ineficiencia, la falta de transparencia, la inseguridad jurídica, la dilación y la falta de accesibilidad al sistema judicial y a la gestión pública en general, violando así los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos, hombres y mujeres, resultando vacíos los esfuerzos que se realizan para hacerles razonar a los servidores públicos que se olviden del “venga mañana a ver si está”, “revise el libro”, “está en cursos de capacitación”, “está con el Presidente…está con el Alcalde…” y otros perpetuos pretextos para justificar la inutilidad técnica y administrativa.

De nada sirven las promesas y discursos de los que asumen funciones en el aparato del Estado, de acabar con la burocracia, si los nuevos designados no tienen la entereza para intentar, al menos, salir del hundimiento judicial y administrativo.

El autor es abogado