Ampliando la ruta de la conciliación

Aunque la conciliación previa en sede judicial no ha tenido todavía un recorrido amplio, a su primer año de vigencia ha podido contribuir en todo Bolivia con la resolución de más de 5.513 causas en materia civil y comercial, que representa un panorama alentador para el difícil acceso a la justicia en nuestro país.

Deudas, pago de alquileres, resoluciones de contratos, división de bienes de herencia y muchas otras demandas son las primeras paradas de la conciliación. Sin embargo, las oportunidades de la conciliación previa, más allá de ser reconocidas en el ámbito civil y comercial, deben ser tomadas en cuenta y ajustadas a la enorme posibilidad de conflictos y problemas en el área familiar, penal, laboral y vecinal que se presentan a diario y que merecen una respuesta ágil y no burocrática. Es decir, los conflictos familiares por ejemplo pueden ser mejor atendidos por los conciliadores ya que disponen de una formación en temas de relaciones y comunicaciones que promueve actitudes más abiertas y dialogantes para llegar a mejores acuerdos que los que un juez puede dictar en sentencia; haciendo viable el principio de acceso a la justicia, ya no sólo como una simple aspiración sino como una verdadera apuesta del proceso de cambios legales que se viene realizando en el país en los últimos siete años.

La conciliación además puede ser el punto de partida para continuar las reflexiones sobre el actual funcionamiento del sistema de justicia que adolece de una profunda crisis, que no sólo pasa por el aumento de más recursos sino por reconocer la ineficiencia que muestra para hacer frente a una incesante y agobiante carga procesal que se traduce en la lentitud del sistema y en la falta de acceso oportuno a la justicia.

En ese sentido, los nuevos recursos públicos que se generen no sólo debieran estar orientados a crear más despachos judiciales sino a promover una política pública de conciliación orientada a atender aquellas causas que no requieran de una interpretación técnica de la ley sino de la voluntad de las partes de arreglar sus problemas cotidianos de manera más efectiva porque tienen a disposición un nuevo servicio judicial que les permite solucionar sus controversias en menos tiempo y con menos costo económico tanto para los usuarios como para el propio estado; dejándose las causas más complejas para la decisión de los jueces que están formados para asumir ese mandato.  Con esto se estaría dando paso a la institución de un nuevo paradigma de justicia boliviana, el de “ayudar a la gente a resolver sus conflictos”, lo que coadyuvaría con uno de los objetivos operativos del órgano judicial de mitigar la carga procesal y que estén cada vez más definidos para cierto tipo de demandas y delitos, al mismo tiempo se estaría apostando por el desarrollo de una sociedad moderna y democrática que privilegia la cultura del diálogo, del consenso, del reconocimiento del otro, de la reparación y de las capacidades que tienen las partes para solucionar sus propias controversias.

La autora es abogada