Gestión Municipal de la Salud

La salud debe ser percibida como un derecho y un logro común al que todos los actores directos e indirectos deben comprometerse, y por ello debe ser parte de la agenda política.

El Art. 35 de la CPE señala que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, mientras que la ley de Autonomías señala en el Art. 81 que los municipios deben formular y ejecutar participativamente el Plan Municipal de Salud, implementar el Sistema Único de Salud en su jurisdicción y administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención como parte de la gestión municipal que les corresponde. Sin embargo, a pesar de esta normativa y otras que describen la organización de la salud municipal, la gestión de la salud en los municipios todavía es compleja.

La encuesta de opinión aplicada a los 47 municipios del departamento de Cochabamba sobre gestión de la salud (por el Sedes y la fundación UNIR) señala que un 57 por ciento de las necesidades de salud de su municipio se encuentran más o menos cubiertas, sumado a que un 60 por ciento de los municipios califican el servicio de atención pública de salud de su municipio como regular así como su gestión municipal de salud.

Según los municipios, la baja ejecución presupuestaria en salud se debe a tres causas principales: 1) poco conocimiento de leyes, normativas, procesos administrativos y competencias en salud pública; 2) planificación deficiente de la salud caracterizada por falta de información de salud local, personal sin conocimientos en administración de salud, falta de un plan estratégico de salud, cambios de personal e inclusive un manejo político de la salud, y 3) la escasa o limitada coordinación entre las autoridades médicas, los municipios y el servicio de salud del departamento.

Entre los problemas y/o conflictos más frecuentes en gestión de la salud municipal, sobresalen los relacionados con el incumplimiento de normas y marco administrativo en salud; falta de coordinación y comunicación entre personal municipal, Sedes y Ministerio de Salud; coordinación deficiente entre personal médico y administrativo en los centros de salud; falta de conformación del sector social de salud; personal poco capacitado, sin especialidad y sin compromiso; problemas de recursos humanos por salarios, horarios, días de trabajo, etc.; dificultades con la compra de medicamentos, infraestructura inadecuada y falta de equipamiento para atender con calidad.

Bajo este panorama de problemas y conflictos que se dan en el sistema de salud, es necesario profundizar en la construcción de una institucionalidad y cultura autonómica que pueda enfrentar de mejor manera la realidad actual y los desafíos pendientes para garantizar el acceso universal de salud con calidad y calidez, porque se repartirían roles, responsabilidades y esfuerzos que impactarían mejor en la atención de los servicios de salud, y ver que su inapropiado cumplimiento repercute en el ejercicio pleno del derecho a la salud de la población.

La salud debe ser percibida como un derecho y un logro común al que todos los actores directos e indirectos deben comprometerse, y por ello debe ser parte de la agenda política.

La autora es socióloga.