Cerrando el año

Dos palabras resumen con contundencia lo que pasó en este año que ya se despide: desaceleración y autoritarismo. La primera proviene de la física y la segunda se aloja en los sótanos más profundos de la cultura política latinoamericana y boliviana. No obstante todos los malabarismos discursivos y la prestidigitación propagandista del Gobierno para negar la realidad, desde 2013, la economía está en un proceso de desaceleración continua. Este es un fenómeno muy particular que significa que el PIB crece, pero a una tasa cada vez menor.

La desaceleración se la entiende como una variación negativa de la velocidad. Un ejemplo sencillo es cuando se produce el frenado de un automóvil, que iba a 50 kilómetros por hora y ahora va a 33. El ritmo de avance es más lento. Se ha desacelerado el carro, que no es lo mismo que andar de retro. Cuando una economía se desacelera, como la nuestra, se trata de un periodo, en el que probablemente de manera transitoria, se produce una ralentización de la trayectoria de algún variable, en este caso el crecimiento, teniendo en cuenta la anterior medición en un lugar determinado periodo. Este fenómeno, que el Gobierno se empeña negar, no sólo se produjo este año. Se remonta a 2013, cuando se alcanza el pico del crecimiento del PIB: 6,8 por ciento. A partir de este momento comienza la desaceleración, en 2014, la velocidad de la economía baja a 5,5 por ciento. En 2015, se vuelve a desacelerar y se crece al 4,9 por ciento. Un periodo después (2016) se alcanza un ritmo menor, 4,3 por ciento, y para este año que termina se prevé que llegue, tan sólo, al 4 por ciento según datos. Se crece pero cada vez a un ritmo menor. Sostener que no hay desaceleración porque el PIB está creciendo a una tasa más chica es un sofisma o si se quiere una cachaña de estudiante universitario que en su niñez no vio Plaza Sésamo, donde se enseñaba la diferencia entre desaceleración y recesión. Beto mostrando el auto avanzando más lento, o un carrito yendo para atrás.

La desaceleración de la economía se produce pese a que la inversión pública aumentó significativamente. En 2018, se presupuestó más de 7 mil millones de dólares. Siendo que la inversión pública es un componente central de la demanda agregada interna, el hecho de que cuanto más aumenta ésta, menos crece la economía muestra los limites estructurales del modelo populista. Volviendo al ejemplo de los automóviles, echar una enorme cantidad de gasolina de aviación a una peta, no va a hacer que ésta vuele. Uno de los desafíos centrales de la economía boliviana para el próximo año será cómo parar la desaceleración de la economía boliviana mejorando la situación fiscal. Recordemos que hace cinco años que se registran fuertes déficits fiscales. En 2018 está previsto que éste llegue a 8,2 por ciento del producto.

No contentos con contrariar las leyes de la física negando la desaceleración de la economía nacional, este año también se torcieron las leyes que gobiernan el país y lo que es peor, la Constitución. La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de permitir la reelección indefinida de Morales, cerró con broche de oro el proceso de desintitucionalización del Estado y por supuesto, consolidó el autoritarismo en el país. En efecto, desde la dictadura de Banzer es que no se veía que los resultados económicos sean usados para justificar los abusos del poder, el grosero culto a la personalidad y el desconocimiento de la voluntad popular.

El autoritarismo ha creado la nueva religión del Estado convirtiendo al Jefe de Estado, que debía ser un servidor público circunstancial, en el semidiós eterno. En estas circunstancias, el discurso gubernamental se convierte en verdad revelada y no puede ser cuestionada. Las otras ideas y opiniones de un diverso espectro político son transformadas en mentiras. La ideología y acción política prepotente están destinadas a la eterna reproducción del poder. La consolidación del autoritarismo populista es un hecho grave en la historia política del país y al igual que en Venezuela, comienzan a ponerse las trampas políticas y electorales. ¿Qué hacer frente al fallo ilegal del TCP? ¿Cómo resistirlo? La contundente victoria del voto nulo y blanco en las elecciones para magistrados es un mensaje claro de la población al poder, pero no tiene una consecuencia práctica clara. El Gobierno ni se dio por enterado y ahora reta a la oposición a ir a unas elecciones para Presidente donde ciertamente harán de todo para ganar porque controlan recursos económicos, instituciones, medios de comunicación y otros factores de poder. Llaman a jugar un partido de fútbol donde son dueños del arbitro, controlan la FIFA, y construyeron una cancha inclinada a su favor e imponen las reglas de juego. Los dilemas que enfrenta la oposición son mortales. Si se acepta participar de las elecciones se reconoce el fallo trucho del TCP. Si no se presentan candidatos a la contienda electoral de 2019, se deja la cancha libre al Gobierno autoritario que vía voto amañado se consolida en el poder.

El próximo año será tremendamente complejo y difícil. Yo espero acompañarlos desde esta trinchera con mi ametralladora llena de ideas y con “mi cañón de futuro”.

Ahora hago una pausa hasta enero no sin antes desearles felices fiestas y agradecerles por su compañía y militancia en la lectura.

El autor es economista