Aceptar un canje territorial con Chile

Bolivia está logrando demostrarle al mundo, y especialmente a la opinión pública chilena, que el Gobierno de ese país ha incumplido su palabra numerosas veces respecto a sus promesas de resolver la mediterraneidad boliviana. Inmediatamente después de la guerra, y de ahí en adelante durante décadas, Chile ha aceptado la necesidad de resolver ese problema. Por lo tanto, es falso que el Tratado de 1904 hubiera resuelto los temas pendientes. Es falso, porque en muchas ocasiones se realizaron acercamientos destinadas a entregarle a Bolivia una salida soberana al mar, incluso existiendo ese tratado.

Lo que Chile podría entender, y de hecho un sector de su sociedad y de su dirigencia así lo creen, es que un arreglo con Bolivia sería beneficioso para ambas partes. Obviamente para Bolivia sería un asunto trascendental, que tendría efectos prácticos, pero también de autoestima colectiva.

Pero Chile también ganaría, y mucho. Desde normalizar la relación con un vecino del que no se puede librar, hasta la posibilidad de acceder a productos cruciales para su desarrollo, como gas natural, agua y otros, pasando por la idea de que ambas son economías complementarias: mucho de lo que produce Bolivia no se produce en Chile, y viceversa.

Si el fallo de La Haya es favorable a Bolivia, y es muy probable que lo sea, debido a la simplicidad de la demanda, es decir forzar a Chile a sentarse a negociar, ambos países podrían estar cerca de un escenario de resolver un problema centenario, que abriría las puertas a un desarrollo más acelerado de ambas naciones.

La pregunta será entonces quiénes y cómo podría negociarse. Empiezo con el “cómo”. Bolivia debería de una vez hacer un sacrificio enorme y ofrecer un canje territorial. Es la única manera de conseguir algún resultado.

En Chile, y tras años de cerrar todas las puertas a un arreglo, incluso mediante compensación territorial, existe ahora una tendencia más abierta en ese sentido. El senador democristiano de ese país, Jorge Pizarro, y el excandidato a la Presidencia y también senador, Alejandro Guillier, ya han hablado de ello. Y por lo visto en Bolivia también existe una apertura en esa dirección. El ministro Héctor Arce aseguró que las eventuales conversaciones no deberían descartar ninguna opción. También, encuestas en Bolivia demuestran que la opinión pública está ahora más abierta a esa alternativa, un cambio notable del estado de ánimo de la ciudadanía de los años 70, cuando surgió como producto del diálogo del Abrazo de Charaña.

Lo que el país obtendría en territorio si lograra la franja de 10 kilómetros paralela a la Línea de la Concordia hasta el norte de Arica sería de unos 2.200 kilómetros cuadrados. Si a ello se sumara el “mar territorial”, es decir, las 12 millas náuticas desde la frontera terrestre, serían unos 222 kilómetros cuadrados adicionales. En total, ello representaría el 0,2% de la superficie boliviana y el 0,3% de la chilena.

Y el departamento que traspase esa superficie, tendría que ser compensado por el Estado boliviano, por ejemplo mediante mayores ingresos fiscales.

Ese es, entonces, el “cómo”, la compensación territorial, expuesta de una manera híper simplificada. No sería fácil, pero no es imposible.

En ese punto se pasaría a conocer la opinión del Gobierno peruano, que tiene poder de veto según el Tratado de 1929. Sin embargo, es improbable que, tras tantos esfuerzos y atención continental, Perú no respalde una solución. Habrá mucha presión sobre ese país para que favorezca un desenlace adecuado. Nuevamente, no será fácil, pero no es imposible.

El otro tema es el “quién” debe buscar ese acuerdo. Evo Morales ha tenido la virtud de iniciar la demanda marítima y ello le asegura un lugar en la historia. ¿Pero es su régimen el que debe negociar? Yo creo que, por dos razones, no debe hacerlo. La primera es por la intemperancia del Presidente. Morales no puede reprimirse, lanza acusaciones a diestra y siniestra, es un especialista en ofender, en agredir, en atacar. Ello se demuestra en decenas de discursos, en sus tuits y en sus propias acciones, como dar rodillazos a jugadores contrarios. Es lógico pensar que el eventual diálogo con Chile será muy difícil, arduo y extenso, plagado de obstáculos y posibles intentos de dilación de parte de Chile, etc. ¿Queremos que, en esos momentos, un Presidente imprudente y precipitado eche todo por la borda? Obviamente, no.

La otra razón es su ilegitimidad. Morales perdió un referéndum y no tiene derecho de ser candidato en 2019. El hecho de que viole la Constitución que él le propuso al país y que le prohíbe postularse en 2019, lo pone como un mandatario al margen de la ley. Otra vez, ¿queremos que Chile utilice ese pretexto para suspender las conversaciones indefinidamente? Lógicamente, no.

Morales viabilizó una buena parte de este posible éxito, pero esta es una cuestión de Estado, como lo han demostrado los juristas del equipo boliviano en La Haya, haciendo alusión a lo realizado por decenas de presidentes bolivianos en el pasado. Como las posibles negociaciones podrían durar incluso años, un futuro Presidente, cuando se haya recuperado plenamente la democracia a partir de 2020, debe concluirlas.

El autor es periodista.
Twitter: RaulPenaranda1