Invocación al honor

El precio de un gobierno no puede ser la rendición del Estado. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben actuar con sentido de responsabilidad defendiendo su honorabilidad como magistrados y presididos por su independencia, como presupuesto de su legitimidad.

Todo referéndum es un sistema de responsabilidad compartida, sea en el triunfo o en la derrota, lo civilizado es el respeto a la democracia directa. El TSE debe evitar contradecir su Proclama de inamovilidad del artículo 168 cuando se pronuncie el 8 de diciembre respecto a la decisión soberana del 21F como la máxima expresión jurídica del Estado, la que es unívoca y por tanto, no se puede invocar su “nulidad” como pretende el régimen,

El TSE solo está llamado a conocer de aquellos asuntos que tengan interés casacional objetivo electoral, que es algo distinto a votar en interés subjetivo del régimen con criterios antijurídicos inventados y forzados. No le compete interpretar la Proclama para alterarla y cambiar su significado, porque se estaría cambiando la voluntad del pueblo como legislador supremo y porque la Resolución ya es parte de la legislación nacional. Ratificar lo ya decidido no tiene contradicción con su jurisprudencia; irrespetarlo, supondría un ejercicio exorbitante y desviado de su potestad jurisdiccional. Si el TSE pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, ¿cómo podría pedir respeto a la misma?

La prevalencia de la decisión soberana sobre la sentencia del TCP, es la solución juzgada y firme que contrarresta a una ambición desmedida de un régimen en retirada. De lo contrario, un cambio jurisdiccional tan radical, pasará a la historia como una infamia que estigmatizará a quienes incurran en ella y, tratándose de una resolución adoptada por un órgano colegiado, a quienes la secunden sin formular objeciones ni reparos a su esencia.

El pueblo no puede impugnarse a sí mismo. Al someter a referéndum, Morales delegó en el pueblo su permanencia en el poder. Pero se equivocó, malinterpretó el contexto socio político y como los referéndums los carga el diablo, el suyo es un caso flagrante de victimismo. Cuando el pueblo se pone caprichoso, ese capricho es elevado a jurisprudencia y resulta difícil negarle su obediencia. El fatal resultado ha provocado una oscilación de lo populista a lo despótico, mediante el cual la élite oligarca trata de “salvar” al pueblo de sí mismo sin que el pueblo lo quiera. Quieren corregir la decisión con recompensas al TSE, como lo hicieron con los obsecuentes del TCP.

El desconocimiento del voto ciudadano será el derrocamiento del orden constitucional; será una rebelión institucional contra el ciudadano, significará la captura total del Estado por una minoría que nos conducirá a la guerra civil. El pueblo aún confía en que el honor de los miembros del TSE dé certidumbre y seguridad jurídica electoral a la indefensión del ciudadano ¿Qué es el honor? El respeto por sí mismo.

El autor es abogado constitucionalista
Torresarmas1@hotmail.com