El precio de lo ilegal

Hace más de un año, los vecinos de El Montículo contemplaron la construcción de un edificio en el jardín de una casona de la época de esplendor del barrio. Los ladrillos aumentaban rápidamente afectando a otras viviendas. Los más afectados enviaron cartas de queja a la Alcaldía y una empresa inicio un juicio a la familia Tapia, flamante dueña.

Las autoridades colocaron cintillos de prevención pues la construcción no tenía permiso, destinada aparentemente a vivienda y a venta de electrodomésticos. El gobierno municipal anunció que sería derribada bajo el amparo de una nueva norma para impedir que sigan las edificaciones clandestinas que tanto afectan a la ciudad.

Cuando la Junta de Vecinos estaba lista para la acción, se supo que el concejal del MAS Jorge Silva envió un recurso para que el Tribunal Constitucional impida que el GAMLP frene los avasallamientos. El populismo anula la razón.

Años atrás, cuando la Subalcaldía de Mallasa intentó impedir las tomas de loteadores disfrazados de “comunarios” que se apoderaron de zonas verdes, la Policía (politizada por el MAS) negó su ayuda. Es más, varias de las autoridades municipales fueron agredidas por los usurpadores de terrenos destinados a la recreación y zona verde de la urbe. Esas viviendas pasaron rápidamente de cuartuchos a edificios con garajes para varios vehículos. A pesar de no estar bajo la norma vigente, acceden a servicios. Pronto otras más aparecieron a lo largo de la carretera pese a los esfuerzos del entonces gobernador César Cocarico que quería ampliar la futura conexión con Cochabamba.

Más abajo, otro ejemplo de ilegalidad, desde el cuello blanco de un médico. ¿Qué municipio dio permiso para la construcción de la clínica Talentum? ¿Por qué se acogió a otra Alcaldía ignorando las fronteras del municipio paceño? ¿Por qué aparece ahora albergando letreros de la Alcaldía de Mecapaca? Actualmente, está alquilada por el Estado.

A su alrededor otras construcciones y filtraciones muestran la falta de consistencia de esos terrenos. Ya hubo un deslizamiento y siguen construcciones parecidas a las del Montículo, a las otras muchas casas o casotas que asoman en las laderas.

¿Son razones económicas las que llevan a las personas a preferir construir sin normas, ni planos ni planimetría ni catastro? Algunos casos se amparan en la pobreza, pero muchísimos son ejemplos de los falsos pobres, los que se esconden detrás del pretexto para hacer lo que les da la gana. O edificios que provocaron el desplome de casas emblemáticas como las antiguas embajadas de Francia y de Gran Bretaña. Silencio.

Tanto en anteriores deslizamientos como en el terrible caso del 30 de abril, los ilegales que no respetan las normas arrastran a los legales que las cumplen. La topografía de La Paz encierra decenas de amenazas de construcciones clandestinas sobre zonas aprobadas.

Lo más triste y desesperanzador es que ese estado de situación no cambiará.

Al contrario, la falta de cumplimiento de la ley es alentada por el propio primer mandatario Evo Morales que anuncia que adecúa las leyes a su gusto, “para eso son abogados” y que no cumple el resultado de un referendo.

Y por Álvaro García Linera que felicita a los que tienen autos chutos, “instrumentos de trabajo” y declara que desde el helicóptero vio satisfecho la cantidad de chutos en los Yungas. ¡Es el proceso de cambio!

La autora es periodista