Intromisión en ámbito ajeno

La organización del Estado Boliviano se encuentra fundamentada desde el siglo XIX en la independencia y separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial por mandato de la Constitución Política del Estado. Tal norma, con referencia a la relación del Poder Judicial con el Poder Legislativo, no es hasta hoy de pleno cumplimiento porque políticos con asiento en las Cámaras de Senadores y Diputados son los que efectúan los nombramientos de los magistrados del Poder Judicial. Entre esos magistrados, muchos de ellos lucharon denodadamente para logro de la regla constitucional.

De mayor gravedad es la inicua decisión de dominar al Poder Judicial predominante entre quienes ejercen funciones en el Poder Ejecutivo. Es notable el hecho de que el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel María Urcullu, posesionado en 1827, tuvo la intuición de ese peligro, pues expresó el deseo de que “debe estar el santuario de la Justicia libre de los ataques del Poder”.

Lamentablemente, siempre predominó el criterio que sostiene que la militancia política o una explícita o implícita subordinación de quienes no pertenecen a ninguna, debe ser factor decisivo para la correspondiente designación de magistrados del Poder Judicial.

Siempre, el Poder Ejecutivo se dio modos para ejercer dominio sobre el Poder Judicial otorgando facultades que no les corresponden a los ministros de Gobierno y de Justicia en un solo cargo o creando dos carteras separadas. Quienes ejercen esos cargos consideran que su obligación principal es la de obligar a los jueces a que actúen como militantes del partido político gobernante.

Los ministros de Gobierno de todos los tiempos creyeron que los Fiscales Generales y Departamentales, los Policías y los Jueces, deben ser perseguidores de los políticos opositores. En las últimas gestiones, los ministros de Justicia intentaron convertir a los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia en dependientes suyos.

Actualmente, esos criterios contrarios al sistema de la legalidad no han variado. El ministro de Gobierno olvida que la misión del actual régimen es transitorio, y solo consiste en hacer que predomine la paz y la concordia. Está empeñado en iniciar procesos criminales contra políticos del anterior sistema. El iniciar procesos no le corresponde al Poder Ejecutivo.

El autor es abogado