El peso de la ley

Al iniciarse este siglo XXI, la llamada “guerra del agua” fue un quiebre en la política boliviana o, propiamente, fue el fin de un ciclo y el inicio de otro. El ciclo que se cerró con la “guerra del agua” fue el del MNR, iniciado con la revolución de 1952, con la reforma agraria y, en lo fundamental, con el establecimiento del voto universal. En esa segunda mitad del siglo XX hubo una alternancia entre gobiernos movimientistas y gobiernos militares, pero siempre siguiendo un impulso que provenía de 1952. 

En la descomposición de ese ciclo estuvo la gestión de Manfred Reyes Villa como alcalde de Cochabamba. Su primer paso osado fue pretender privatizar el parque acuático en Cochabamba. Como la opinión pública manifestó su oposición, ese alcalde se plegó al proyecto de privatizar el aprovisionamiento de agua a la ciudad de Cochabamba mediante la empresa denominada Aguas del Tunari, conformada en asociación con una empresa británica. Para refrendar esto, el gobierno central legisló determinando que las aguas de riego y también las del subsuelo en el valle de Cochabamba, pasaban a ser controladas por Aguas del Tunari. Así, de un plumazo, las aguas extraídas con pozos o las que tradicionalmente han provenido de la cordillera para el riego, pasaban a ser de una empresa privada.

Tal estato-privatización era contraria a los mismos principios enunciados en nuestro código civil, produciendo en Cochabamba un clamor popular que movilizó a toda la ciudadanía, en todos sus sectores sociales, además de movilizar a los regantes en las áreas rurales del valle. Fueron líderes de la Central Obrera quienes dirigieron activamente el movimiento ciudadano, siendo recordado el trotskista Olivera. Hasta Evo Morales se plegó a esta actividad de resistencia civil.

Fue entonces que se produjo el quiebre político. Dejando aparte a Reyes Villa, actor principal del desaguisado, los líderes de ADN y del MNR no solamente trataron de resistir la abrogación de las disposiciones abusivas contra los mismos derechos civiles, sino que irritaron a la ciudadanía cochabambina con los pucheritos faciales de desprecio que pusieron. Ninguno de estos líderes adenistas y movimientistas comprendió la parte jurídica; y eso que alguno de ellos pretende ser buen abogado.

Para agravar esto, en su último y corto período presidencial, Gonzalo Sánchez de Lozada se asoció políticamente con el NFR de Manfred Reyes Villa. Fue la muerte del MNR; muerte a traición o propiamente por traición. 

Consecuencia de esta polarización política emergente, compitieron electoralmente por la presidencia Manfred Reyes Villa y Evo Morales, ganando este último con una holgada mayoría. Como suele ocurrir, parte de los votos del ganador no fueron a su favor como votos contra su contrario. Fue así como, con la traición de Goni al MNR, entronizó Reyes Villa a Evo Morales.

No es el propósito de este artículo evaluar los 13 años de gobierno masista, con su despotismo tantas veces mal refrenado y su política a la vez democratizadora. Su despotismo ha sido cortado por el pueblo boliviano; lo que debe continuar es el desarrollo socioeconómico, que al fin de cuentas es producto de las posibilidades económicas del mundo moderno, pero también de cualidades y esfuerzos del pueblo boliviano.

El propósito de lo expuesto es el de evitar repetir los males del pasado. Para evitarlos, nada mejor que aplicar con imparcialidad y rigor el peso de la ley. Los políticos que tengan procesos por delitos, deben estar expuestos a lo que las leyes dispongan, sin indultos ni torcer la justicia. Para el caso, no es posible que se proceda a juzgar a Evo Morales y se vaya a hacer la vista gorda de los delitos comunes, por peculados variados, de Manfred Reyes Villa, quien debe estar sujeto a las medidas preventivas en los procesos y debe cumplir las penas de cárcel correspondientes cuando haya sentencias ejecutoriadas.

Debe procederse conforme a ley; esto sabiendo la pusilanimidad de tantos jueces y la corrupción de tantos fiscales, como que sigue en pie la banda de Jasmani, incluso con la feliz participación de un fiscal que ejerce su cargo teniendo sentencia penal ejecutoriada.

El autor es escritor