Hay que escuchar a las ciudades

La ciudad es el nuevo sujeto colectivo. En ella se desarrolla la vida de las personas, y quienes no viven aquí, están relacionadas por razones de cultura, trabajo, producción y consumo.

Mucho ha recorrido la ciencia administrativa para superar la pesadez del sector público en su relación con la gente. Categorías como ciudades inteligentes, e-government, gobierno en línea, trámites en red, aplicaciones amigables en los celulares, presupuesto en línea y en tiempo real se demandan y se ofrecen, ya no como una novedad ni una gentileza, sino como una necesidad.

Estas posibilidades van acompañadas de los denominados actos reglados, es decir, aquellas acciones en las que se les reduce, a los burócratas, la discrecionalidad para decidir, pues cumpliéndose las condiciones, debe lograrse una respuesta en la que no tendría que haber espacio para la arbitrariedad ni el favoritismo, reduciéndose la lenidad y la corrupción.

¿Cómo lograr respeto por parte de actores públicos y privados cuando brindan un servicio en favor de la gente? No me estoy refiriendo a la asistencia al estadio, a un concierto privado, un evento específico de interés individual o colectivo –y que desde hace 2.000 años, los 60.000 espectadores del Coliseo Romano ingresaban o lo desalojaban en media hora–. Estamos hablando de las filas desde la madrugada para una atención de salud, un cupo para que los niños asistan a la escuela, la recepción de los beneficios de un bono, la tramitación de un documento personal, la autorización de obra, la construcción…

La consciencia urbana pasa por los modos de enfrentar los temas que son preocupación cotidiana, la basura carente de separación, la ausencia de disciplina mínima en el transporte, el estado de los mercados y la existencia de sistemas de organización que priorizan el desorden y los grupos gremiales por encima del interés colectivo, carencia de procedimientos expeditos y amigables en favor del administrado, que debe realizar filas inmisericordes para trámites básicos e imprescindibles. Carencia de protección del peatón, de ciclovías, de oferta cultural orgánica, con una carga latente de corrupción e indefensión mientras la seguridad ciudadana está en manos de la negociación y del chantaje.

Cada una de estas situaciones, y las que siguen en la lista larga de insensibilidades públicas, se resumen en la ausencia de respeto al consumidor, al administrado y al ciudadano, como una nueva forma de violación de los derechos humanos.

La improvisación es la norma en la gestión pública, necesitada de servidores formados en el ejercicio de capacidades e idoneidad. La falta de voluntad y creatividad se expresa en una constatación empírica: en la era de la cibernética, la robótica y la nanotecnología, la gestión sigue siendo manual en una gran parte del proceso. Y la ausencia del presupuesto colgado en una página institucional, con ejecución en tiempo real, dejan en evidencia los intereses ocultos.

La comunidad académica fue sorprendida, hace un tiempo, por una afirmación del entonces vicepresidente, García Linera: “Mientras que en el resto de los países la población rural disminuye, en Bolivia comenzó a suceder un proceso diferente: la población rural se ha incrementado." Las palabras de las autoridades causan estado en función de su investidura.

La afirmación de García contradice la tendencia migratoria campo-ciudad que se está produciendo en Bolivia y resulta preocupante si, sobre la base de esas afirmaciones, se aprobaron políticas públicas.

En este momento, la población boliviana vive en un75% en el área urbana y el 25% en área rural. Y, repito, la proyección señala que el año 2032 –en dos censos más– la población urbana será el 90% del total.

Esa es la realidad que tenemos que debatir, respetar, administrar y enamorar.

El autor es director de innovación del Cepad