Transgénicos en el debate

Apenas el Gobierno aprobó un decreto autorizando a una comisión de bioseguridad a definir nuevos procedimientos para aprobar o no el uso de semillas mejoradas genéticamente en el país, empezaron a circular pronunciamientos que rechazan con vigor su utilización en la agricultura.

En algunos de esos documentos se rechaza evaluar dos tipos de soya y se exige apoyo a los agricultores familiares campesinos indígenas, por ser custodios de la biodiversidad. Asociando cultivos transgénicos con la expansión de la frontera agrícola, también exigen abrogar disposiciones que regulan chaqueos y desmontes.

Es comprensible que haya preocupación y compromiso con los tres temas, pero no lo es que se los trate como si fueran opciones excluyentes o necesariamente asociadas entre sí y es inusitado que se rechace realizar evaluaciones que consideren argumentos científicos y técnicos.

El rechazo al uso de transgénicos se basa en el temor de que sus cultivos sean ambientalmente dañinos y que el consumo de sus productos afecte la salud de las personas. Tales temores son comprensibles, pero se basan en su mayor parte en hipótesis que no han sido comprobadas o que han sido descartadas en estudios científicos. En muchos casos surgieron de demandas judiciales que tuvieron un enorme eco mediático y dejaron una marca permanente en la opinión pública. Una marca que es periódicamente renovada por activistas y organizaciones que viven del miedo de la gente, del temor al cambio.

En todo caso, rechazar una evaluación, como la que haría el comité de bioseguridad, es rechazar estudios, datos, conocimiento, y buscar refugio en los prejuicios.

Es razonable apoyar los cultivos orgánicos y reconocer el rol que podría jugar la agricultura familiar en su producción, siempre que de ahí no se pretenda prohibir otros cultivos y mucho menos exigir subsidios, pues éstos terminan beneficiando a los consumidores de este tipo de productos, que suelen ser de altos ingresos. Esto debe valer también para los cultivos agroindustriales que por años aprovecharon los subsidios a los carburantes.

La protección de los bosques y praderas frente a incendios provocados es obviamente fundamental. Pero asociar esta práctica a los cultivos transgénicos es ignorar que recurren a ella también los productores tradicionales que tratan de “habilitar tierras” para la agricultura allá donde hay bosques, matorrales o pastizales.

El argumento más fuerte en el debate es el que defiende la vida silvestre porque de ella depende la biodiversidad, que sin duda es amenazada por el avance de la frontera agrícola. Pero lo es cualquiera que sea el cultivo, y siendo imposible proscribir la agricultura, habrá que admitir que los cultivos de semillas mejoradas genéticamente tienen ventaja por su mayor productividad y menor uso de pesticidas.

Es ineludible incluir en la balanza analítica el tema de la productividad de la tierra y del impacto ambiental. Como un cultivo transgénico suele producir más por hectárea que uno tradicional, utilizando menos pesticidas y herbicidas, resulta ser menos contaminante del ambiente, los suelos y las aguas. Además de que, por su mayor rendimiento, utiliza menos superficie para lograr cada tonelada de producción. Es precisamente gracias a los avances científicos y técnicos que hoy se cultiva cada vez menos tierra para alimentar mejor a una población creciente, devolviendo a la vida silvestre parte de los suelos a pesar de que la población sigue creciendo y aumentando sus niveles de consumo.

Estos temas no pueden ser ignorados en el debate.

La economía boliviana se ha rezagado muchísimo durante la bonanza que nos encandiló con sus impresionantes flujos de dinero y nos impidió ver que la capacidad productiva se debilitaba en casi todos los sectores. Esto es particularmente cierto en el sector agrícola. Mientras en Bolivia se producen menos de dos toneladas de cereales por hectárea, en el Paraguay se produce más del doble y en Chile más del triple, con un promedio de 6,8 toneladas. En arroz no llegamos más que a 1,6 toneladas por hectárea, mientras en Brasil obtienen 5,2 toneladas. Esto se debe a mejores tecnologías, escalas mayores de producción y uso de semillas mejoradas.

El rechazo a los transgénicos parece tener más de ideología que de ciencia. Primero, porque todos los cultivos actuales son el resultado de modificaciones genéticas. En rigor, todos son transgénicos. En algunos casos se lograron hace mucho tiempo y luego de siglos de experimentación, y en otros hace poco y más aceleradamente. Segundo, porque se basa en un extremo conservadurismo que exige que no solamente se prueben los beneficios, sino que también se pruebe que no tendrá posibles o potenciales perjuicios, lo que impone a la introducción de innovaciones un ritmo tan lento como el que prevalecía en el pasado. Tercero, porque se presume que solamente las grandes corporaciones y los grandes agroindustriales se benefician de estos cultivos, cuando en la cadena productiva intervienen también pequeños productores y comerciantes, y que los derivados de estos cultivos aumentan y abaratan la disponibilidad de alimentos, contribuyendo de forma decisiva a la reducción de la pobreza.

Luego de esta cuarentena nos enfrentaremos al desafío de reactivar la producción y generar un nuevo dinamismo para el crecimiento económico. El rol fundamental del Estado debe ser el de remover obstáculos a la iniciativa de la gente. Nadie espera que imponga cultivos transgénicos a todos los agricultores, pero tampoco se le debería exigir que los prohíba a todos. Este es el tiempo de abrir opciones y multiplicar oportunidades, no cerrarlas. El camino que tenemos por delante ya es muy difícil como para que además nos pongamos obstáculos a nosotros mismos.

El autor es investigador del Ceres