Oportunidades y desafíos para los próximos 5 años

El día de hoy, Luis Arce asume la presidencia del país gracias a un resultado electoral mayoritario que permite superar, al menos en parte, la crisis política y la polarización exacerbada de la sociedad boliviana. Este artículo presenta algunos desafíos y oportunidades que tiene no solo el nuevo gobierno, sino el país que el binomio ganador conducirá durante los próximos cinco años.

La primera oportunidad que tiene el país es la de consolidar la reconstrucción de sus instituciones democráticas. Salvo algunos desubicados, la elección de octubre cuenta con el reconocimiento unánime gracias a un trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, de no ser por el fiasco de la cancelación del Direpre, habría sido impecable. En ese sentido, la elección es una victoria de la democracia boliviana que debería servir para consolidar sus avances y fortalecer sus instituciones hacia el futuro.

Pese a la lamentable muestra de desconfianza que le dio la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cesante con la supresión de los dos tercios en su manejo interno, la nueva Asamblea tiene el desafío de garantizar la gobernabilidad mediante el diálogo y los acuerdos entre partidos políticos. Esta es una oportunidad para superar la lógica de la imposición partidaria y del “levantar manos” dentro de la ALP, lo que podría convertir a este poder del Estado en el núcleo de debate democrático que es el lugar que le otorga la Constitución y que las mezquindades del poder le negaron hasta ahora.

Los dirigentes políticos que no están en el gobierno tienen también oportunidades auspiciosas. Mesa, entre otros, tiene la oportunidad de retirarse ahora con dignidad y volver a la actividad privada, mientras que los flamantes asambleístas de su partido pueden tomar la posta y avanzar en la construcción de un proyecto político nacional de oposición con un programa de progresismo social liberal. Algunos exministros de la gestión anterior pueden aprovechar las condiciones y pasar al retiro con un perfil tan bajo que ayude a los bolivianos a olvidar sus años de poder y soberbia. Y Camacho tiene el gran desafío de superar los límites regionales de su liderazgo, construyendo una propuesta que desde Santa Cruz sea capaz de entusiasmar al resto del país (de esto depende la supervivencia futura de su partido).

El gobierno de Arce enfrentará desafíos en el plano político, económico, social, institucional, ambiental y sanitario. Pero dado su pasado, su campaña, y las circunstancias que vive el país, estos desafíos pueden también ser considerados oportunidades hacia el futuro. Y el desafío más importante que tiene el nuevo gobierno es político: gobernar desmarcándose de la personalidad tóxica de Evo Morales Ayma. Pero esta es también la mayor oportunidad que tienen Arce y el MAS de consolidar un partido no caudillista hacia adelante. Tengamos en cuenta que una de las causas del triunfo de Arce es no ser Morales y haber marcado distancia con él.

El plano económico es, por supuesto, otro que plantea desafíos muy grandes. La situación económica es crítica, con un decrecimiento del PIB calculado en más del -10% y una profunda recesión resultante de la pandemia, pero también del agotamiento del modelo productivo desarrollista exportador de materias primas. El foco en lo económico ha sido central en la victoria de Arce, y de los logros que se tenga en este ámbito depende en buena medida el éxito o el fracaso de su gobierno.

Tenemos una sociedad polarizada y fragmentada, confrontada internamente de manera intensa. Si bien la polarización baja como resultado de la elección, quedan muchas heridas y odios activados. El desafío principal es gobernar y promover la justicia sin actitudes de revancha o venganza. Esta es también una oportunidad para el nuevo gobierno, si se tiene en cuenta que a diferencia de otros frentes políticos su campaña no estuvo basada en un discurso de confrontación. La oportunidad de ser el gobierno de la reconciliación nacional es quizás la menos despreciable de todas las que se les presentan.

En lo institucional, el principal desafío para el país es la reconstrucción institucional del sistema judicial. El desastre causado por el abandono de la meritocracia y la elección popular de jueces (algo que no se hace en ningún lugar del mundo, por razones obvias) ha dejado al sistema judicial en una crisis terrible. Antes estaba mal, ahora está peor. La encarcelación de exautoridades al inicio de un gobierno y su liberación tan pronto se hacen públicos los resultados de la elección es una muestra patética de la debilidad y falta de independencia de un poder del Estado que es fundamental para reconstruir la confianza en las instituciones y para mitigar la polarización y la confrontación entre ciudadanos. La llave para destrabar este tema es, nuevamente, la capacidad de negociación en la ALP.

En lo ambiental, el desastre de los incendios de 2019 se repite con pocos atenuantes en 2020, como parte de una ampliación de la frontera agrícola para la producción y exportación (carne, soya, biodiesel, alcohol), rebasando los límites de lo sostenible e instaurando una situación de “crisis ambiental crónica”. Esto no sucede solo en Bolivia, sino que es parte de un proceso de destrucción ambiental a escala regional y global que parece ya irreversible y que empieza a causar cada vez efectos más notables y duros sobre las poblaciones humanas.

El principal desafío consiste en enfrentar las necesidades de reactivación económica, incluyendo las presiones de empresarios y organizaciones “interculturales” para acceder a más tierra en la Chiquitania o el Tipnis, que junto con la sequía y la ausencia de mecanismos legales que protejan la naturaleza y castiguen a los destructores y depredadores configuran las condiciones ideales para una situación de “desastre estable” con consecuencias catastróficas.

Y en lo sanitario está el desafío de la pandemia, aún no resuelta, con un segundo pico de contagios muy probable hacia fines de 2020, frente a la cual el país sigue teniendo una capacidad mínima comprobada para combatir la enfermedad y atender a la gente. La pandemia es una de las principales causas del fracaso de la candidatura de Áñez y de las propuestas políticas alineadas con ésta, y de lo que suceda con ella dependerá también el futuro del nuevo gobierno.

El país enfrenta desafíos difíciles para los próximos cinco años, pero también oportunidades que surgen de las circunstancias especiales y de nuestras fortalezas. Convertir el momento de crisis en un tiempo de renovación y reconstrucción depende de que las nuevas autoridades y los actores políticos tengan capacidad, visión de futuro y convicción democrática. Confiemos en que así será, por el bien del país y de todos los que somos parte de él.

El autor es investigador de Ciudadanía, comunidad de estudios sociales y acción pública