Estado, tierras y violencia
Lo ocurrido el jueves en un predio rural de Guarayos, Santa Cruz, sorprende por la violencia con la que un grupo irregular armado tomó de rehenes a 17 personas y las torturaron durante siete horas, e inquieta sobremanera porque hechos similares ya se habían producido hace poco más de un mes en la misma región, y, en otras, los avasalladores de tierras comunitarias, fiscales y privadas las ocupan sin tregua y cada vez de manera más agresiva.
La acción de las instancias estatales encargadas de garantizar la paz, la vigencia de las leyes y los derechos ciudadanos no es proporcional a la violencia de los avasalladores, ni el Gobierno parece interesado en desarticular esos grupos organizados.
Es posible pensar que lo sucedido hace tres días en el predio Las Londras habría pasado como uno más de la larga serie de hechos violentos ligados al avasallamiento de tierras, si entre las víctimas del ataque de decenas de hombres armados con escopetas, rifles y revólveres, no hubieran figurado, además de los propietarios del lugar, periodistas y policías, incluido un coronel.
Y es difícil imaginar qué maltratos más, ni por cuánto tiempo, habrían sufrido los rehenes si un camarógrafo, un chofer y uno de los propietarios del predio no lograban escapar del ataque, en medio de disparos, y dar la alerta. Su huida permitió al coronel de Policía evocar la posibilidad de una intervención oficial inminente, para convencer a los atacantes de dejarlos en libertad. Los liberaron después de siete horas de terror, golpes humillaciones y amenazas que les infligieron unos 80 hombres y mujeres con el rostro cubierto, y muchos, armados.
Cuatro horas después del ataque, un líder empresarial cruceño pedía públicamente la intervención del Gobierno para liberar a los rehenes. Casi dos días después del hecho, a media mañana del sábado, el Ministro de Gobierno informaba que horas antes, en la madrugada del sábado, 200 policías habían sido movilizados al sitio para “continuar la investigación sobre la presencia de grupos irregulares en el lugar”.
Llegaron y hallaron el campamento de los atacantes, abandonado. Antes de ese despliegue, la noche del viernes, el Comandante General de la Policía anunciaba: “No estamos yendo a generar ningún daño, sino a buscar a los responsables de ese altercado”.
Tres de esos “altercados”, como llama el jefe policial al ataque de avasalladores armados, han ocurrido en Guarayos entre en la primera quincena de septiembre. Los habitantes del lugar los denunciaron y el fiscal de esa indicaba que esas acciones “rayan en lo delincuencial” porque no hacen caso a las resoluciones judiciales.
Es claro que el Gobierno no impone el imperio de la ley cuando de tierras se trata. La pregunta es si es por negligencia, inoperancia o por intereses en un tráfico tan lucrativo que dos ministros de Desarrollo Rural y Tierras de Luis Arce ya fueron destituidos por estar involucrados.
