Una nueva ley de la tierra
La reciente abrogación de la Ley 1720, de la reconversión voluntaria de la propiedad de la tierra para el acceso a créditos, tras un largo debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la marcha de unos 2.000 campesinos principalmente de la Amazonia cerró una etapa de tensiones sobre el manejo agrario y abrió un nuevo capítulo con énfasis en la elaboración de nueva normativa con la participación de todos los sectores involucrados en la temática.
Al momento de la abrogación, el presidente Rodrigo Paz Pereira resaltó: “Como resultado del diálogo, como resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la Ley 1720 fue abrogada”. Y remarcó que la norma deja de tener vigencia de manera definitiva. “¿Qué significa la palabra abrogación? Eliminación, ya no existe. Se acabó esa ley”, explicó según la Agencia Boliviana de Información (ABI).
La abrogación de la normativa estuvo precedida por el rechazo de sectores que se sintieron excluidos en la formulación de la normativa y que vincularon la misma a intereses de una parte de los interesados en contar con una ley que potencie el agro, pero que no reflejaba la visión de gran parte de quienes trabajan la tierra.
En ese camino, el Jefe del Estado indicó que el siguiente paso será redactar una nueva legislación de tierras construida con la participación de todos los sectores involucrados en el tema agrario en el país. “Tenemos que tratar una nueva normativa para todo el país, una nueva ley sobre la tierra con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores”, manifestó.
¿Cómo se logrará unificar los intereses de todos los sectores en una nueva normativa? Seguramente será difícil conciliar las demandas de grupos diversos que abarcan el sector agroindustrial cruceño, las comunidades indígenas, las organizaciones campesinas y los pequeños y medianos productores, pero esa será una tarea que las autoridades tienen que encarar en los siguientes meses. Sí, es un enorme desafío; pero, será posible en la medida en que todos compartan el mismo horizonte: hacia dónde se quiere en los próximos años.
La realidad no muestra la urgencia de contar con una nueva ley de tierras que reactive la economía, pero que también respete ciertos límites como las tierras comunitarias, los territorios indígenas originarios y los parques nacionales.
En el proceso de elaborar una nueva normativa no se puede desmerecer el trabajo que han realizado por años las organizaciones no gubernamentales que han estudiado la problemática de la tierra en Bolivia.
En la medida de que los arquitectos de la nueva ley comprendan la complejidad de la tenencia y uso de la tierra, no solo como un bien material sino ligado a creencias y demandas ancestrales, se podrá elaborar una normativa que refleje el sentir, los intereses y necesidades de quienes viven de la tierra y la trabajan para contribuir al desarrollo de Bolivia.
