Democracias bajo presión
La conflictiva coyuntura que atraviesa Bolivia desde hace más de una semana concentra nuestra atención en las medidas de presión que ejercen organizaciones sindicales y las acciones del Gobierno para mitigarlas o resolver las exigencias que motivan esas movilizaciones, cuyos efectos provocan cada día más perjuicios al país, en prácticamente todos los ámbitos.
En este trance, parece propicio ampliar nuestra visión más allá de las fronteras del país con una óptica ajena a las tensiones nacionales que nos inquietan.
Ese ejercicio es posible con el reciente Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Democracias bajo presión, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que pone sobre la mesa una verdad ineludible, no solo Bolivia, sino el subcontinente, están en un punto de inflexión.
Las crisis superpuestas, la creciente volatilidad económica, la fragmentación social y el impacto del cambio climático han demostrado que los modelos de desarrollo tradicionales ya no son suficientes para garantizar el bienestar de la ciudadanía.
Históricamente, el país ha navegado entre ciclos de bonanza y crisis, dependiendo fuertemente de la extracción de recursos naturales. Sin embargo, el informe regional del PNUD enfatiza que el verdadero desarrollo humano ya no se mide únicamente por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) o el consumo coyuntural, sino por la resiliencia.
Es decir, la capacidad de los individuos y de las instituciones para absorber impactos, adaptarse a la incertidumbre y prosperar a pesar de ella.
Bolivia enfrenta desafíos estructurales profundos que exigen una acción colectiva urgente. La polarización política y social amenaza con paralizar reformas vitales, mientras que la vulnerabilidad de nuestras comunidades frente a desastres climáticos y sequías evidencia la necesidad de modernizar los sistemas productivos y de protección social.
El documento del PNUD nos invita a un replanteamiento profundo. ¿Qué significa esto para Bolivia? En primer lugar, exige diversificar nuestra economía para reducir la dependencia de las materias primas, promoviendo sectores estratégicos, tecnología e innovación que generen empleo sostenible.
En segundo lugar, requiere fortalecer nuestras instituciones democráticas, promoviendo espacios de diálogo transparente que reduzcan la fragmentación social y fomenten la confianza ciudadana.
En ese contexto, es momento de que el Estado, en todos sus niveles, el sector privado y la sociedad civil asuman una responsabilidad compartida.
La transición hacia un modelo resiliente e inclusivo requiere voluntad política y acuerdos mínimos de largo plazo que trasciendan los ciclos electorales.
Construir un país más equitativo, capaz de resistir las presiones globales y adaptarse a las transformaciones del siglo XXI, es el desafío generacional que no podemos evadir.
