Un avasallamiento armado
A los frecuentes avasallamientos en Santa Cruz ahora se ha sumado, en un nuevo cuanto preocupante capítulo, el de la hacienda Maicapampa en la zona de La Angostura.
Las tomas de predios en la región cruceña, en áreas productivas, son parecidas a la que tuvo lugar en Las Londras, donde civiles y periodistas fueron violentamente reducidos, torturados y detenidos por una gavilla de malhechores fuertemente armados; como se sabe, este caso no avanza como debiera en el ámbito judicial, controlado por el Gobierno. Pero los avasallamientos en el valle alto tienen la finalidad de establecer, en haciendas privadas, urbanizaciones ilegales, por las cuales las mafias de loteadores se enriquecen a vista y paciencia de las autoridades.
Lo nuevo, en el avasallamiento registrado el jueves 17 por la mañana en la zona de La Angostura, es que un grupo de al menos 10 loteadores tomó, según las denuncias de los propietarios afectados, por la fuerza de las armas y con un abierto uso de la violencia la hacienda Maicapampa, situada en el municipio de Arbieto, en el camino que une a nuestra capital con el valle alto. Una vez dentro de la finca, los asaltantes redujeron y tomaron como rehén al guardián, mientras procedían a romper vidrios y a violar las cerraduras de las puertas de la casa de hacienda, para cometer un robo selectivo de objetos, como ha demostrado una inspección policial que se llevó a cabo ayer.
Los afectados de Maicapampa, la familia Canelas Méndez, denunciaron a los avasalladores por intento de asesinato, robo agravado, allanamiento de propiedad privada, amenazas y otros delitos, en tanto que otros propietarios de Caluyo, Villa Copacabana y otros sectores del valle alto también rechazaron los actos ilegales de estos loteadores armados.
Basta analizar los hechos para comprender que estos loteadores armados actúan con impunidad y que no dudarán en tomar más predios con el uso ilegal de la fuerza. En un Estado de derecho, el único que está facultado para ejercer la coerción mediante el uso de armas es precisamente el Estado; si un grupo las empuña, entonces se trata de una facción terrorista. El modus operandi de estos loteadores vulnera el derecho constitucional a la propiedad, que es esencial en un Estado de derecho, y que debería ser protegido por las autoridades, porque al no hacerlo se da lugar a la inseguridad jurídica; pero su conducta revela que se sienten intocables, porque, como se sabe, tienen un enorme poder económico y cuentan con la complicidad de los tristemente célebres consorcios de jueces, fiscales, abogados y policías, que se enriquecen con los sobornos de estos loteamientos ilegales. Por la violencia y desfachatez con que operan, está claro que también disponen de un gran apoyo político, al conformar un poder fáctico que opera en la oscuridad.
Las autoridades, en el caso de la toma armada de Maicapampa, La Angostura y de otras haciendas del valle alto, deben emprender una investigación y sancionar a los responsables, para que así se otorgue seguridad jurídica al propietario, que no debe estar desamparado por la Constitución y la ley.
