Silencio culpable

Hace más de un año Jeanine Áñez, expresidenta transitoria constitucional, está detenida arbitrariamente pues los cargos que se le imputan son producto de la imaginación desatada por encomienda a los llullas que integran el aparato dictatorial en el poder; cargos que proporcionan los pretextos sobre los cuales los traficantes de la ley en funciones dentro del aparato de administración de (in)justicia al servicio del Gobierno han ido poniendo, en escenas dignas de una tragicomedia de tercera categoría, remedos grotescos de proceso judicial que seguramente no se ven ni en las prácticas en las carreras de Derecho. 

Su detención infundada en Trinidad, el aislamiento al que se la ha sometido, la vulneración de todos los principios, disposiciones sustantivas y procedimientos aplicables a su caso como expresidenta del Estado y como ciudadana, la violencia física y psicológica ejercida sobre ella y su entorno familiar y afectivo, tanto por funcionarios públicos cuanto por grupos delincuenciales paraestatales, configurativas de tratos degradantes y torturas, ese tipo criminal de lesa humanidad contenido en normas internacionales suscritas por Bolivia, el rechazo sistemático de los recursos presentados en su defensa y el despliegue obsceno de formas de abuso en su contra, como la prolongación de una audiencia por más de 16 horas, son evidencias de lo aseverado. 

Estos datos en conjunto nos ponen frente a un dantesco e impúdico espectáculo inscrito en una trama infame, componente esencial de la propaganda destinada a pervertir la realidad verdadera (pido licencia por la tautología que considero imprescindible en este caso) en mentiras para fortalecer un régimen al que los derechos humanos le importan lo mismo que la “madre tierra”, sobre cuyo respeto y protección se llenaron la boca mientras la violaron como ahora mismo, cotidianamente, promoviendo el extractivismo más depredador que se haya aplicado en este territorio desde siempre, al extremo de no sólo agotar los recursos naturales en un proceso saqueador inmisericorde al servicio de los intereses privados, sino de poner en riesgo incluso la vida de pueblos indígenas que usaron como parte de su discurso impostor de campaña, como se evidencia con respecto a la explotación de oro.  

La problemática que motiva este artículo no trata sólo de la señora Áñez. Ella es la víctima más destacada por su condición de expresidenta del Estado, pero la lista se ha ido engrosando desde la llegada de Arce a la Presidencia del Estado, hasta alcanzar a 45 personas, cuya nómina fue valientemente publicada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia cuando reclamó infructuosamente por el derecho de todas ellas a defenderse en libertad. 

En dicha lista se encuentran ex autoridades del gobierno transitorio, policías y militares, activistas por la democracia y los derechos humanos; todos sufriendo el atropello de sus derechos y libertades en franca contravención a normas expresas, frente a la impunidad que beneficia a otros, como el que confesó haber ordenado el operativo del hotel Las Américas y ordenó el bloqueo de las ciudades para “que no entre comida”, el mismo que tiene predilección por las quinceañeras y que hace pocos días parece haber asumido el rol de vocero antinarcotráfico mientras continúa presidiendo las organizaciones de aquellos productores de la materia prima de la cocaína, o como los violentos que se desgarran de vez en cuando gritando “¡Guerra civil!” mientras corren a saquear, incendiar, golpear y matar por encargo expreso del poder. 

Se ha llegado a tanto que la imaginación dramatúrgica posmoderna no tiene chance de ganarle a esta realidad.

Y no es todo. Dentro de este contingente humano está Marco Antonio Aramayo, soterrado en las mazmorras de la represión, sometido a torturas y malos tratos, por haberse atrevido a denunciar la comisión de los delitos de corrupción en el famoso Fondo Indígena (Fondioc) que convirtieron en gas 187,2 millones de dólares provenientes casualmente del gas. 

El factor común de estos casos es la violación flagrante al principio de retributividad del derecho penal alumbrado en la historia en la modernidad, como parte fundamental de la derrota al feudalismo miserable y maloliente prolongado un milenio, desarrollado en un largo y esforzado caminar hasta la configuración de su enfoque humanista, hijo de la democracia. Ese principio reza: Nulla poena sine crimine, no hay pena sin delito; es decir, el delito es la condición sine qua non de la imposición de la pena. Si el delito no existe, no ha lugar a proceso y, por tanto, a detención preventiva alguna o, peor aún, a sanción penal. 

El cierre: lo antedicho no es sino una reiteración de datos y opiniones sobre ellos. Lo que es imperativo ahora es el reclamo por el silencio de todos quienes se consideran militantes de la democracia y los derechos humanos, de las organizaciones de su promoción y defensa, de aquellos que en 2019 rodeaban a la señora Áñez y en 2020 la empujaron a ser candidata. Ese silencio, sin excusa alguna, los pone en las filas de los impostores, abusivos y criminales que están atropellando al Derecho y a los derechos.