Más ruido, mejores derechos

Confunde en estas épocas la arbitraria repartición de derechos basada en el rating de las distintas causas. Parece que el rasero utilizado por algunos legisladores para brindar más o menos privilegios depende, más que de interesados directos, del lobby que se ocupa de esos reconocimientos (en el caso que hoy me ocupa, relacionados con la condición o identidad sexual).

En Chile, un encontronazo entre colectivos (que en las calles comparten consignas) se dio hace unos días cuando la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que señala que el Estado reconoce que las “personas con capacidad para menstruar” son titulares del derecho a una gestión menstrual libre y digna.

Hasta ahí, no se advertían lesiones —quién renegaría de la promoción de Kotex “sustentables”, o de la venta de otros “productos de gestión menstrual” no adulterados—. Es la parte del proyecto que habla de “personas menstruantes” —que pretende visibilizar a las personas transgénero o “no binarias” que también menstrúan—, lo que produce heridas (van a disculpar la sanguinolenta metáfora, pero ahorita no pienso en otra alegoría).

Fueron precisamente mujeres del parlamento chileno y voces feministas de otras partes las que elevaron su denuncia frente a lo que consideraban un acto discriminatorio. Los legisladores dejaban de llamar mujeres a las mujeres. Las borraban. ¿Las discriminaban?

Es curioso que en la reciente normativa del Ministerio de Igualdad de España sobre “las reglas dolorosas” no se remarcara esta distinción entre mujeres menstruantes. Quizás el hecho de que esa Ley Orgánica -que permite a “las mujeres” no trabajar si un médico acredita que sufren menstruaciones dolorosas- no hable de personas menstruantes se deba a que el feminismo de Irene Montero tiene más sponsors que el colectivo trans.

En verdad no soy quien para tratar este tema, pues aunque algo sé de leyes aún no venzo el primer curso sobre neologismos “inclusivos”; y estoy muy lejos de poder enumerar las tantas identidades de género. A cierta distancia observo el debate como una disputa de pensamientos mágicos. Una falsa discusión que no pretende un trato equitativo de parte del Estado u otras organizaciones. Y es que, como dice Carlos Rosenkrantz —en respuesta a la frase populista de Eva Perón—, no puede haber un derecho detrás de cada necesidad (a menos de que se grite fuerte).

Tuvimos aquí hace unos meses una muestra de la confusa colisión de demandas entre quienes creíamos pares: el movimiento trans feminista de Bolivia emitió un pronunciamiento por el que expresaba su rechazo a la columna escrita por una activista titulada “El borrado de las mujeres”. El título del artículo correspondía a la alianza cuyo objetivo es “luchar para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas que resultan de la sustitución de la categoría de ‘sexo’ por la de ‘identidad de género’”. Y es que a la hora de reclamar mejores derechos, no importa si al que debes sobreponerte es tu hermano (o hermana).

Pese a que el pronunciamiento contra la columnista rezongaba porque “una mujer que se autodefine como feminista” tenía sólo “ideas imaginarias sobre la imposición de la mujer trans sobre la mujer cisgénero”, lo cierto es que la activista daba en el clavo al alertar que hay expresiones suficientes que hacen temer la dilución de “derechos sexuados” de las mujeres, como la licencia por maternidad y amamantamiento. Igualmente protestaba la argentina Rosana López porque algunas corrientes niegan la existencia del sexo biológico y con ello desdibujan y difuminan la realidad de las mujeres, ocasionando que se niegue la desigualdad que se mide y se construye sobre la base de ese hecho biológico (nacer mujer).

Luego de que en marzo la nadadora estadounidense Lia Thomas se convirtiera en la primera persona transgénero en ganar un campeonato en Estados Unidos en la historia de la División I, un grupo de nadadoras del equipo femenino de la Universidad de Pensilvania pidió formalmente la expulsión de Lia de la competición de la Ivy Leage. La carta de solicitud alegaba que la competidora había pasado de ocupar el lugar 462 de la categoría masculina al primer puesto de la categoría femenina, lo que ponía en evidencia la ventaja competitiva injusta sobre ellas y comprobaba la “amenaza para la integridad del deporte femenino”.

No me meteré a discutir el modo de regular los niveles de testosterona en la sangre de las deportistas transgénero, o si las ventajas de estas sobre sus contrincantes mujeres provienen de la propia contextura corporal o la extensión de sus músculos; pero sí diré que la transexualidad en el deporte supone un derecho conquistado por una minoría que se sobrepone a otros derechos y provoca discriminación. Una de esas de las que habla la alianza contra el borrado de las mujeres.

Si la batalla entre colectivos (cada vez más fraccionados) por la adquisición de derechos se sigue resolviendo a partir de la mayor o menor fuerza que ejerzan los grupos de poder que los representan (algunos, incrustados en los gobiernos) y de los niveles de audiencia de sus causas, habrá que conseguirles mejores publicistas a los niños con cáncer. Así quizás logren que, al igual que las cirugías de cambio de sexo costeadas por los Estados, sus tratamientos sean gratuitos y —como alguien decía— ya no sean necesarias las campañas para recolectar tapitas plásticas.