Un polémico decreto
Un controversial decreto supremo, promulgado en las últimas semanas, ha causado preocupación a aquellas industrias que usan gas natural para la generación de su propia energía eléctrica.
En efecto, el Decreto Supremo 4794 prohíbe que las industrias usen gas para generar su propia energía eléctrica siempre y cuando puedan conectarse al Sistema de Interconectado Nacional (SIN), en el que se transporta y distribuye la carga eléctrica que se produce en el país. Actualmente, el país cuenta con una capacidad instalada de generación eléctrica de 3.822 megavatios (MW), de los cuales 1.161 MW provienen de fuentes renovables, en tanto que la demanda máxima de electricidad registrada en lo que va del año fue de 1.601 MW, según fuentes oficiales.
La medida revela que el Gobierno ha resuelto racionar el uso industrial del gas natural, pero también que precisa incrementar la corriente gasífera de exportación, con el fin de percibir mejores ingresos: los precios de exportación son superiores a los que rigen en el mercado interno, que no guardan relación, porque son subvencionados, con los que pagan Brasil y Argentina.
En consecuencia, queda claro que el Ejecutivo está buscando dólares de todas las fuentes posibles, en un escenario preocupante en el que el país ha dejado de ser productor de hidrocarburos para convertirse en importador de diésel y gasolina, con una balanza energética que se inclina, cada vez más, hacia el lado de las compras externas de combustibles.
Por supuesto, el mencionado decreto ha desatado la protesta del sector industrial, que tiene la energía eléctrica como un insumo central en sus costos de producción.
La respuesta del Gobierno a los reclamos ha sido revelar las condiciones en que las industrias usan el gas natural en el mercado interno; el Ministro de Hidrocarburos ha afirmado que 100 industrias nacionales generan energía eléctrica con gas de forma ilegal, mientras que sólo 20 están registradas y dentro de la norma; además, estas empresas, según el Ministro, evitan el pago del recojo de basura y de alumbrado público, que se agrega a las facturas de energía eléctrica.
Aunque ya se ha definido un comité que analizará los efectos del decreto, hay dos aspectos que se deben considerar.
Si hay sobreoferta de energía eléctrica, no se entiende por qué, según una denuncia publicada por este diario, la Empresa Siderúrgica del Mutún ha comprado una generadora con una millonaria erogación que no se justifica. ¿Es racional esta adquisición, que se habría efectuado —según la denuncia— con sobreprecio?
El segundo problema derivado del decreto es más sensible para el consumidor, pues la restricción tendría el efecto de elevar los precios finales de los productos de esas industrias en el mercado. Si se toma en cuenta que los precios de artículos de primera necesidad como la carne o la papa están al alza, tendría un impacto negativo que más productos se encarezcan.
