Crisis de Estado
Lo que presenciamos en estos días, y acaso mucho antes de 2019, es la manifestación de una crisis estatal de amplio alcance, que sacude las frágiles estructuras creadas del Estado Plurinacional, que podría denominarse, con más propiedad, el Estado evista. El conflicto en Santa Cruz es la manifestación más visible, aunque como síntoma, de la presión que hoy soportan las delgadas ligaduras de la configuración estatal diseñada en un accidentado proceso constituyente que dio como resultado la Constitución Política del Estado promulgada en 2009.
Una de sus expresiones más preocupantes, sin duda alguna, es la crisis económica, que tiene fundamento en nuestra trágica y prácticamente irreversible conversión de país productor de hidrocarburos, con proyecciones regionales y hasta globales, a país importador de carburantes. Hoy, se gasta más en gasolina y diésel que el monto percibido por las exportaciones de gas natural, con un esfuerzo insostenible de las finanzas públicas, que otorgan millonarios subsidios; la renegociación de los contratos petroleros, que los gobiernos masistas se esfuerzan en llamar “nacionalización”, fue un acto de ilusionismo colectivo que comienza a pasar factura, en momentos en que se agota el gas, por falta de inversiones privadas. La minería, la otra gran fuente de ingresos públicos, hoy está controlada por los socios corporativos del Gobierno, los cooperativistas, que en las últimas horas han tomado La Paz porque no quieren pagar impuestos y aspiran a obtener permisos para explotar, de modo precario y contaminante, las áreas protegidas nacionales. No sería raro que lo logren.
El otro gran indicador del fracaso del Estado Plurinacional es la crisis judicial. La justicia, hoy por hoy, está subordinada al Poder Ejecutivo y se ha convertido en un arma al servicio del Gobierno. Sin una justicia independiente e imparcial es difícil hablar de Estado Constitucional de Derecho y de democracia. Lo sabe muy bien la administración de Arce, por lo cual se resiste a impulsar reforma alguna. Tampoco hay confianza en el poder electoral, nuevamente con predominio del oficialismo.
Bajo la idea de ejecutar una “revolución cultural”, el Estado Plurinacional adquirió un perfil excesivamente centralista, para lo cual se ha dotado de medio millón de burócratas masistas sin un trabajo efectivo, pero pagado con los impuestos de los contribuyentes, quienes cada vez son menos, a medida que se reduce la formalidad y crecen vigorosamente las actividades informales y del contrabando, impulsadas también por la dura pandemia de Covid-19 que la población soportó desde 2020. También, en este Estado, ha crecido sin control el narcotráfico.
El Estado Plurinacional está diseñado a medida de Evo, para que el Poder Ejecutivo controle a los otros tres poderes del Estado, reducidos a su actual condición de “órganos”. En esa dinámica, se ha convertido en un Estado excluyente, que sólo es útil a los estratos dirigenciales de las corporaciones –cooperativistas, campesinos, COB, choferes, etc.– que forman el bloque de poder masista, ni siquiera a sus bases; no toma en cuenta al sector privado ni a los nuevos emprendedores, por su vocación estatista. Es, en suma, como un padre de familia que concede privilegios a sus hijos más díscolos, pero que se olvida de aquellos que actúan con responsabilidad y cumplen las leyes.
El Estado evista ha tocado fondo. Duró menos de 20 años. Y ha llegado la hora de discutir las vías para cambiar este estado de cosas, que se ha vuelto un obstáculo para el desarrollo del país.
