El firmazo ciudadano

La recolección de firmas para la reforma constitucional, vía referéndum, avanza (pese al boicot del gobierno) porque tiene el apoyo ciudadano. La campaña a nivel nacional, según José Antonio Rivera, ya ha logrado en tiempo récord la firma de más de 400.000 personas. La cruzada judicial ha recibido el apoyo militante de diferentes instituciones como la Universidad “Gabriel René Moreno”, la Iglesia católica, las Iglesias evangélicas, entre otros sectores.

Los juristas independientes han elaborado un documento, que luce completo e impecable con la exposición de motivos, el contenido y el posible texto constitucional, que debe permitir el comienzo de un verdadero proceso de transformación judicial. La propuesta busca cambiar: La grosera injerencia política en la administración de justicia; La persecución política-judicial; La exigüidad del presupuesto judicial; La falta de acceso a la justicia dada la escasa cantidad de jueces y fiscales; La secundarización de la justicia indígena originaria campesina; El abuso de la detención preventiva y el hacinamiento carcelario; La inestabilidad laboral de los jueces y la falta de carrera judicial; La politización del nombramiento de las Altas Cortes; La corrupción transversal en los niveles judiciales; La impunidad de los delitos, especialmente en el caso de los feminicidios, entre otros. 

La propuesta de los juristas coincide con las conclusiones del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayan. El informe internacional es terminante en el sentido de que una justicia independiente y accesible es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos. Y Bolivia es parte de instrumentos internacionales que contienen y apuntalan las obligaciones de contar con una administración de justicia independiente, imparcial y accesible. 

Uno de los problemas centrales del modelo judicial del MAS es que la designación de las principales autoridades judiciales está en manos del partido gobernante y por esta vía tiene el control total de la justicia. La reforma de la Constitución busca introducir una “Comisión Nacional de Postulaciones”, que tenga carácter permanente, integrada por nueve (9) personalidades independientes, cuya designación por 10 años correspondería realizar a la Asamblea Legislativa, y proponer candidatos al sistema universitario; a las organizaciones de la prensa; al Colegio Nacional de Abogados; a la Asociación Nacional de jueces y magistrados y al Sistema Indígena Originario.

La Comisión Nacional de Postulaciones sería un órgano constitucional, con autonomía orgánica, administrativa y funcional de funcionamiento permanente, que desempeñe las funciones de convocatoria y selección de postulantes, previa comprobación pública y transparente de probidad e idoneidades y de elaborar las ternas de postulantes para la designación de las y los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, y el Fiscal General del Estado, garantizando la paridad de género.

Las ternas que confeccione la Comisión Nacional (que serían vinculantes), se envían a la Asamblea Legislativa para que este Órgano del Estado proceda a la designación respectiva, por 2/3 de votos del total de los miembros. Y en la eventualidad de que los legisladores intenten bloquear o boicotear las designaciones contenidas en las ternas independientes, se tenga por designado y elegido al candidato más y mejor calificado de cada una de las ternas.

El cambio constitucional busca no sólo restituir y garantizar la independencia, imparcialidad y competencia de las máximas autoridades judiciales, sino fundamentalmente fortalecer al Órgano Judicial. Este fortalecimiento institucional debe comenzar no solo cualificando los cargos jerárquicos, sino igualmente reconociendo los cargos vitalicios de los jueces y juezas, imponiendo exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se instituya, con carácter obligatorio y permanente, la formación y capacitación sistemática de los jueces. Se necesita institucionalizar con urgencia la carrera judicial para terminar con los jueces a carrera. Hay que recordar que la seguridad jurídica y ciudadana, depende del fortalecimiento institucional, y la meritocracia del cuerpo de jueces y juezas. 

El pueblo boliviano necesita jueces independientes, imparciales y competentes y un poder judicial fortalecido, capaz de erradicar los terribles problemas cancerígenos y centenarios que padecemos, y todo esto sólo se puede conseguir promoviendo una verdadera reforma judicial, que ha comenzado exitosamente con el denominado firmazo ciudadano.