Sello de género, premio en lugar de obligación

El Gobierno boliviano ha dispuesto una medida que es un reconocimiento para las empresas o entidades que lleven a cabo algunas pautas destinadas a eliminar las violencias de género y “coadyuven a la construcción de una cultura despatriarcalizadora”. Lo hace con un decreto supremo cuyo contenido premia el no cometer delitos en lugar de sancionarlos.

El pasado 12 de enero, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el ministro de Justicia, Iván Lima, entre otras autoridades, llevaron a cabo la presentación de un informe de los resultados del “Año de la Revolución Cultural de la Despatriarcalización”, donde destacó el Decreto Supremo 4779 que “tiene por objeto crear el sello “Empresa Comprometida con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres en el Estado Plurinacional de Bolivia", emitido el 17 de agosto de 2022.

Es una iniciativa novedosa para Bolivia y creada en otros países de Europa y Latinoamérica. De hecho, en 2005, Brasil creó el “Sello Pro Equidad de Género” y, en 2009, Chile impulsó el “Programa de buenas prácticas laborales con equidad de género” con el “Sello Iguala”; ambos son similares en nombre al decreto boliviano que crea los “Sello Oro, Plata y Platino”, según el nivel de compromiso de la empresa con la igualdad de género. Tienen una normativa parecida, Costa Rica, México, Argentina y Uruguay.

La razón de estas medidas está en que, por un lado, se frene en espacios laborales cualquier tipo de violencia o de discriminación hacia las mujeres, en lo que deben estar comprometidas empresas e instituciones y, por otro, se normalicen buenas prácticas a través de pautas concretas que pueden ser además controladas, verificadas y sancionadas o premiadas.

En los espacios laborales se producen acosos sexuales en niveles a veces insoportables ya que hay jefes que piensan que con el cargo les viene el derecho a asediar a las mujeres que estén a su mando; también hay diferencias salariales ventajosas para los hombres en relación a las mujeres que hacen el mismo trabajo; se producen dificultades y trabas en el ascenso para las mujeres; las condiciones laborales son más difíciles para las que son madres o que pueden serlo; en las reuniones de trabajo se produce todo tipo de micromachismos…

En fin, se trata de observar o vigilar la relación laboral entre empresa/institución y trabajadora, en las condiciones en que se produce el trabajo y en la relación entre las personas (hombres y mujeres, además de Lgtbi si hay) al interior de estos centros productivos o de servicios.

El asunto está en que lo que se observa puede ser delito, como el caso del acoso sexual que tiene penas de hasta ocho años de prisión. Entonces, ¿es correcto ‘premiar’ porque no se produzcan? ¿No sería más correcto ‘obligar’ a que no se produzcan y ‘sancionar’ si ocurre?

El Decreto Supremo 4779 premia y lo hace otorgando un “sello” que la empresa o entidad puede lucir ¿Le interesa hacerlo? ¿Qué ventajas tiene de tenerlo? No se ve ninguna, salvo algún prestigio que en una sociedad patriarcal no está claro que valga.

Hay dos formas de hacer efectiva esta iniciativa: una, haciendo inspecciones y sancionando porque cumplir la ley o no incurrir en ilegalidades es obligatorio y, dos, dar algún beneficio a quien cumpla, por ejemplo: reducción de impuestos o dar calificaciones más altas o establecer como requisito indispensable si se quiere ser proveedor o tener tratos con entidades estatales, que es lo que se hace en otros países.

Toda la normativa laboral es obligatoria y en el Ministerio de Trabajo hay ventanillas para las denuncias, se hacen inspecciones y se sanciona ¿Por qué en el caso de la normativa de género tiene que ser distinto?

En Bolivia hay un listado de normas y articulados en ellas referidos a crear condiciones para que las mujeres no sufran todo tipo de violencias o vivan en condición de desventaja, la mayoría no se cumple. Este decreto parece que va camino de sumarse a estas.

La autora es periodista