Un cambio necesario

En su último informe, el Banco Mundial disminuyó de 3,1 a 2,7% su previsión de crecimiento de la economía boliviana para 2023 y, al contrario de su reacción habitual, el Gobierno no cuestionó la cifra.

Semanas antes había rechazado, por supuesta inconsistencia técnica, el informe de Moody´s que disminuyó la calificación de nuestra deuda, y atribuyó la dramática caída del valor de los Bonos Soberanos emitidos por el país solamente a factores externos.

Al parecer estamos ingresando a una etapa de sinceramiento que era necesario para dejar atrás la confrontación política y asumir plena y formalmente la realidad de una crisis que ya es advertida, no sólo por los críticos y analistas, sino por los propios organismos internacionales.

En medio de la incertidumbre, resulta alentador que se empiecen a considerar soluciones concretas a los problemas que nos aquejan, originados internamente en la disminución de nuestras Reservas Internacionales Netas, la precarización del sector empresarial, la disminución de la inversión privada, el contrabando y la informalidad, y externamente, en la caída del comercio internacional, el aumento de las tasas de interés y la crisis del sistema financiero mundial.

Es evidente que debemos atender los temas urgentes como la recuperación de las reservas internacionales netas (RIN) y el peligro de una escalada inflacionaria mayor, producto de la escasez de dólares.

En este aspecto el Gobierno ha implementado medidas para centralizar y disminuir las transacciones en dólares a través de la venta directa, el control rígido del tipo de cambio oficial, el aumento de la comisión por salida de divisas, la disminución del encaje legal, entre otras.

Una segunda estrategia ha sido la aceleración de las gestiones para obtener créditos internacionales.

Según información oficial, se pretende que la Asamblea Legislativa apruebe un total de 940 millones de dólares en préstamos ya negociados.

Aunque los legisladores han dado curso a la mayoría de las solicitudes, el problema parece concentrarse en la lentitud de los procedimientos y la poca claridad sobre la gestión de los recursos.

Como tercera opción se plantea la monetización de las reservas de oro (unos 2.600 millones de dólares) que parece ser una posibilidad expedita que no genera incremento de la deuda. Aquí los problemas están en la limitación legal y la falta de acuerdos parlamentarios.

Estas medidas han tenido algún efecto en la ralentización de la aparición de un mercado paralelo y han otorgado al Gobierno el “beneficio de la duda”, pero ya están afectando las importaciones de bienes, maquinarias, tecnología, repuestos e insumos, y generado más incertidumbre sobre la inversión a largo plazo.

El Gobierno no está tomando medidas duraderas y estructurales, debido a que se enfrenta a barreras justificables como la subvención a los carburantes, el mantenimiento del boliviano como moneda dominante en las transacciones, el riesgo del incremento de la mora bancaria, el control de la inflación de alimentos básicos y el costo del transporte público, que limitan sus posibilidades y cuyo sostenimiento es cada vez más difícil.

Lo cierto es que, además, estamos en la etapa más difícil porque se trata de aplicar medidas de emergencia, —con pocos recursos disponibles y sin reservas suficientes— que detengan la inflación, eviten un colapso inmediato y sostengan la confianza pública en las políticas de gobierno. Tamaño desafío se torna imposible de lograr si no hay admisión plena de la crisis, transparencia informativa, acuerdo político social y, ante todo, participación del sector privado.

También es evidente que, cuando pase la emergencia, precisaremos de medidas estructurales que reorienten las políticas económicas para garantizar un crecimiento sostenido, el mejor uso de los ingresos y la industrialización.

Aquí también parece haber señales que apuntan a disminuir el dogmatismo en la economía. El presidente Arce, en la reciente Cumbre contra la Inflación, ya se refería a la necesidad de impulsar un comercio exterior regional y fortalecer la capacidad productiva, lo que pasa necesariamente por eliminar las prohibiciones a la biotecnología, facilitar la inversión privada y liberar a las exportaciones del control político.

Pero también serán necesarias otras medidas estructurales como estímulos fiscales, reformas fiscales y laborales, y políticas monetarias expansivas.

De las decisiones que tomemos hoy dependerán los siguientes 20 años. Ojalá que primen la sensatez, la responsabilidad y la generosidad antes que la ideología, la preferencia electoral y la autosuficiencia. No hay tiempo ni opción para equivocarse.