Crimen e impunidad
La amenaza directa formulada contra un periodista de Santa Cruz por una persona que se identificó como miembro de una familia vinculada con el narcotráfico es una alerta seria del riesgo que se cierne sobre el país entero —y no sólo para los trabajadores de la información— como resultado de la expansión incesante de las actividades criminales.
Lo es, porque la amenaza recibida por el periodista Guider Arancibia del diario El Deber, mediante una llamada telefónica, evidencia que la inseguridad e impunidad crecen en el país.
El origen de esa advertencia es una noticia publicada por ese diario acerca del posible vínculo de la familia Lima Lobo con la avioneta cargada con cocaína que se estrelló en Argentina la semana pasada.
La noticia está respaldada, como debe ser, en un documento oficial emitido por la Fiscalía de Santa Cruz.
“Iré a la Fiscalía, hablaré con el fiscal de distrito para que usted me demuestre que la familia Lima Lobo es dueña de esa avioneta como usted lo está diciendo”, dijo el hombre al periodista. Y lo amenazó: “De aquí para adelante tenga mucho cuidado. Se lo digo así. ¿Me entiende, no?”, le dijo.
Al respecto, el Ministro de Gobierno tuiteó que “en cumplimiento de (su) labor constitucional (…) se le brindarán todas las garantías necesarias para que continúe realizando su labor periodística e investigativa”.
Las organizaciones de la prensa consideran que esa declaración es insuficiente, en otros aspectos, “porque que las amenazas contra el periodista Guider Arancibia Guillén forman parte de un patrón de violencia impune, sistemática y estructural contra periodistas y medios de comunicación”.
El año pasado se registraron 165 casos de violencia contra periodistas. Ninguno de ellos, ni otros anteriores, fueron objeto de sanciones contra los responsables. El ejemplo más relevante de esa impunidad es el secuestro y tortura al que un grupo de avasalladores sometieron a seis periodistas en la hacienda Las Londras, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, en 28 de octubre de 2021.
Pero la inseguridad y el riesgo creciente que representa el crimen no se limita a los periodistas ni se relaciona sólo con avasalladores y narcotráfico.
Los contrabandistas no dudan en atacar a funcionarios de la Aduana, e incluso las instalaciones de esa entidad, para evitar el comiso de su mercadería.
Y existen localidades, en varias regiones del país, en las que ni la Policía puede ingresar debido al peligro que representan porque sus pobladores están vinculados con alguna actividad ilegal.
Es evidente que la inseguridad provocada por la expansión de actividades criminales en el país exige la formulación de una política anticriminal de gran alcance y de pronta ejecución.
