Descontrol en las cárceles
El caso del reo abatido por policías de servicio, el domingo pasado, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro reaviva los cuestionamientos a la administración penitenciario boliviana.
“Las muertes violentas en las cárceles reflejan el grave deterioro de las condiciones de seguridad y la falta de control dentro de los recintos penitenciarios”, constata un informe titulado Alerta temprana sobre la situación de las cárceles en Bolivia, publicado en septiembre de 2025 por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Defensoría del Pueblo.
“En 2024 se registraron nueve muertes (…) y hasta septiembre de 2025 ya se contabilizan 15, una de ellas provocada por un arma de fuego. Este incremento (…) muestra que la violencia dentro de las cárceles va en ascenso, mientras el sistema sigue sin poder garantizar la vida y la integridad de las (detenidos)”, completa el citado informe.
En los primeros ocho meses de este año murieron 16 detenidos en los recintos carcelarios nacionales. El último caso es de una gravedad superlativa pues el reo ejecutado por los policías portaba una granada, estaba armado y disparaba, de acuerdo con los informes oficiales preliminares.
Además, estaba en un lugar que no le era permitido y había sido trasladado desde el área reservada a los reos que, como él son de extrema peligrosidad. "Sin ninguna autorización, sin consultar a sus superiores (un oficial de Policía), ha procedido a sacar, a extraerle de su celda", contaba uno de sus camaradas.
Este panorama de violencia e irregularidades extremas evidencian que el fondo del asunto radica en la facilidad con la que el régimen de prohibiciones es vulnerado sistemáticamente en todas las cárceles del país. Cada objeto ilícito que ingresa a una celda, desde un puñal hasta un arma de fuego, pasa necesariamente por filtros humanos.
Minimizar estos hallazgos como simples descuidos es ignorar la evidente red de complicidades policiales y administrativas que debilita la autoridad del Estado.
Esta alarmante impunidad traslada el peligro desde las calles hacia el interior de los penales, y viceversa, afectando directamente a la seguridad ciudadana de toda la población.
Las cárceles bolivianas arrastran el estigma de ser centros de operaciones delictivas antes que espacios de rehabilitación. Mientras el sentido de autoridad esté supeditado al poder económico o de fuego del interno, cualquier intento de reforma será superficial.
Es urgente que la Dirección General de Régimen Penitenciario y el Ministerio de Gobierno dejen de enfocar las requisas como victorias mediáticas y comiencen a asumirlas como diagnósticos de un sistema fallido.
Se requiere una intervención integral urgente que combine tecnología de punta, rotación constante y fiscalización penal del personal corrupto para evitar que las cárceles sigan siendo universidades del delito y monumentos al descontrol estatal.
