La alcaldesa de los transportistas

El Alto debe ser el único lugar en el mundo donde el tratamiento de un incremento de tarifas de transporte municipal se realiza sin ningún estudio que lo respalde.

En ninguna parte los transportistas apelan al incremento de manera directa, sino que recurren a la realización de un estudio (técnico, económico, financiero, legal, ambiental, etc.) que lo justifique.

Pero en la urbe alteña no se requiere justificar ningún incremento, simplemente se acude a medidas de hecho. Extrañamente, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea), encabezado por su alcaldesa, saca pecho indicando que su “posición mediadora” fue un logro para los usuarios, como si la mediación fuera parte central de la transferencia y delegación de competencias y facultades al municipio, y no así la regulación, deliberación y fiscalización del concejo edil, y la dirección de la gestión pública municipal del Ejecutivo, mientras los de la prensa titulares dan como ganador del conflicto a los transportistas.

El acuerdo firmado sobre este tema establece ocho puntos: primero, acatar la restricción vehicular; segundo, cambio de radicatoria de pago de impuestos a El Alto; tercero, eliminación del cobro por tramos “trameaje”; cuarto, para cumplir lo anterior, desaparición de paradas momentáneas; quinto, los letreros de los vehículos del transporte público deben reflejar origen y ruta; sexto, el acuerdo otorga a la Guardia Municipal de Transporte la atribución para recibir las denuncias de incumplimiento de rutas; séptimo, “pasaje diferenciado” para escolares y personas con discapacidad a bs 1; y, octavo, la aplicación del tarifazo disfrazado de “pasaje único” de Bs 1,50.

¿El vergonzoso acuerdo resuelve el problema del transporte que adolecen los alteños día tras día? Obviamente, no, solo distrae de los verdaderos problemas, mientras el Gamea saca su tajada con mejora en la recaudación impositiva por cambio de radicatoria que, por lo visto, era lo único que le importaba, legitimando así el tarifazo en detrimento de la economía de los alteños lo que tendrá serias consecuencias.

Por un lado, los transportistas se frotan las manos porque saben que bajo las condiciones actuales, nunca eliminarán el “trameaje” ni las paradas momentáneas, por lo que los vecinos seguirán dividiendo su recorrido en tramos con el 50% de incremento en el pasaje y tiempo de viaje mayor al necesario ya que no existen instrumentos normativos ni operativos que haya desarrollado el Gamea, como ser una ley de transporte municipal y su reglamento de defensa del pasajero, tan sólo apelan a que el “mencionado acuerdo” les daría la potestad de recibir denuncias, como si ese acuerdo estaría por encima incluso de la CPE

Y, al final de cuentas, ¿qué harán con la denuncia si no existe un reglamento de faltas y sanciones, donde se establezcan penalidades ejemplarizadoras que desincentiven comportamientos despóticos de los transportistas? Las sanciones leves serían contraproducentes para el mismo Gamea, porque desgastaría su autoridad más rápido de lo esperado.

Por otro lado, hay que añadir que, en pocos días se volverá a diferenciar el “pasaje único” por horario nocturno alcanzando los bs 2 desde la hora que quieran los transportistas, ya se está difundiendo un audio en el que un transportista pide castigar a la población, a pesar del tarifazo del 50% de la tarifa diurna.

Lo cierto es que el Gamea está llamado por ley para hacer prevalecer derechos y deberes. Tan importante como la normativa es su cumplimiento, para esto se requiere capacidad y eso se tiene que demostrar, lo cual no se ha vista hasta ahora.

Este tarifazo podría dar lugar a una espiral inflacionaria, porque gatillará una subida de precios no sólo de la canasta básica sino de los diferentes bienes y servicios que demandan los alteños, efecto que repercutirá en municipios aledaños, dependiendo del grado de influencia.

Y lo más peligroso sería que dicho comportamiento autoritario se replique en otras urbes.