Bolivia, cada año más corrupción en el Estado
Bolivia no sólo permanece en el último tercio mundial —el peor— del Índice de Percepción de la Corrupción, sino que en los últimos 10 años ha bajado su puntaje en cinco unidades, situándose en 29/100. Es el mismo que alcanzó en 2018 y coloca al país entre los seis peores de América Latina y el Caribe.
Desde hace más de una década, Transparencia Internacional (TI) publica en enero su informe anual sobre la percepción que se tiene de la corrupción en el sector público de 180 países del mundo.
El Índice de TI no mide la corrupción, tarea imposible, pues, por su ilegalidad, los actos corruptos se esconden y disimulan y es muy difícil saber qué porcentaje de ellos se descubren.
Pero la percepción que se tiene de cuán corrupta es la administración pública de un Estado influye de manera significativa en la confianza que le otorgan los organismos internacionales, los inversores, los países que ejecutan programas de cooperación internacional y, también, quienes invierten en bonos soberanos.
“Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el principal producto de investigación de Transparencia Internacional, se ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público. El índice ofrece una instantánea anual del grado relativo de corrupción clasificando países y territorios de todo el mundo”, explica la introducción del informe publicado ayer.
El índice califica los Estados según la percepción de especialistas y empresarios sobre la corrupción existente en el sector público de su país. Está basado en 13 fuentes de datos independientes y emplea una escala de cero a cien, donde el cero representa un alto nivel de corrupción y, el cien, corrupción prácticamente inexistente.
En los últimos 10 años, Bolivia ha descendido su puntaje de 34, en 2012, a 29, en 2023.
Ese descenso, y esos años, coinciden con los resultados del lanzamiento de bonos soberanos. Los de 2012 tuvieron éxito en su acogida en los mercados internacionales de capitales. Al contrario, los emitidos desde 2021 no lograron captar los fondos que el Gobierno esperaba.
Éste es sólo un ejemplo del impacto que tiene la percepción de la corrupción en un Estado, lo cual no sólo tiene efectos perjudiciales en su economía, sino que deteriora la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos ciudadanos.
Asimismo, como bien lo menciona TI en su informe, “la ausencia de independencia judicial debilita el Estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y poderosos. Abordar este problema resulta imprescindible para combatir la corrupción”.
