El deterioro de la democracia
La frecuencia de los escandalosos hechos de violencia entre parlamentarios en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional tendría que interpelarnos de manera seria —en especial a los líderes políticos— y suscitar una reflexión acerca del rumbo que está tomando la institucionalidad democrática.
En efecto, no es la primera vez, en los últimos tres años, que en el Parlamento se producen hechos violentos como los que protagonizaron diputados arcistas, evistas y opositores la semana que termina, durante la sesión legislativa de la Cámara Baja. Aunque lo ocurrido hace pocos días no nos puso en el foco de la atención mediática internacional como ocurrió hace 10 meses.
En mayo de 2023, igual que hace pocos días, un grupo de asambleístas —del oficialismo y de la oposición— intercambió golpes de puño, patadas, tirones de pelo, empujones, denuncias e insultos.
Y en junio de 2021, se produjo otro suceso similar. En esa ocasión, lo mismo que en la de mayo de 2023, se trataba de una sesión parlamentaria de interpelación al Ministro de Gobierno.
Otra gresca parecida tuvo lugar en marzo de 2021, cuando se debatía el procedimiento para la selección de postulantes y la designación del Defensor del Pueblo.
Los arranques de violencia de ese tipo y magnitud, donde luego de las agresiones verbales se producen peleas a golpes entre parlamentarios —que no parecen serlo, pues ese tipo de actitudes corresponde más a otros ámbitos teóricamente menos dignos— no ocurrían en anteriores períodos legislativos cuando el oficialismo detentaba la mayoría calificada en el Parlamento.
La oposición en la Asamblea tenía entonces un margen de maniobra menor que el actual y el rodillo oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS) no estaba dividido.
Las consecuencias de esta última circunstancia es otro de los aspectos que debe preocuparnos respecto de la dinámica política, institucional y de movilizaciones.
Eso se traduce en las intervenciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que paralizaron en más de una ocasión — hasta hacerlas irrealizables— el tratamiento de las normativas necesarias para la realización de elecciones judiciales y aquellas que privan a la ALP de su rol fiscalizador de las acciones del Gobierno, al impedir las interpelaciones a los ministros, y su eventual cesura.
Es difícil explicar de otra manera la rapidez, en unos aspectos, y lentitud en otros, que observó el TCP en el tratamiento de los recursos de amparo referentes al trámite legislativo.
Esta nueva realidad del juego político, marcada por la división del MAS y la rivalidad entre sus facciones evista y arcista evidencia el incremento del deterioro de la institucionalidad política en el país, y eso es muy inquietante.
