La confianza perdida

En cualquier sociedad civilizada, la base de toda relación que implique intercambio de valores ha sido la confianza entre las personas, es decir: la mayor certeza posible de que lo que se afirma con la palabra o se establece en un pacto escrito va a ser respetado por las partes. La confianza disminuye la incertidumbre sobre el futuro, aumenta la fe en los semejantes y permite hacer planes y proyectos, convivir en paz y enfrentar el azar con un mayor grado de certeza.

Este valor social, que es importante para los individuos, resulta vital para los Estados modernos. Hoy en día, un país puede ser estimado por sus riquezas, su poder militar o su tecnología, pero un pueblo solo tendrá valor por su respeto al Estado de derecho, su fiabilidad y su coherencia, tres factores que en nuestro caso parecen haberse perdido.

En efecto, en los últimos años Bolivia se ha convertido en uno de los países menos confiables de la región, no porque carezca de recursos, sea belicoso o esté amenazado por el terrorismo internacional, sino simplemente porque al no respetar sus propias normas se vuelve imprevisible y errático, demuestra poca seriedad y, como resultado, enfrenta una serie de efectos negativos en su economía y en su imagen internacional.

Recientemente, las calificadoras internacionales JP Morgan y Fitch Ratings nos ratificaron como el segundo país con mayor riesgo crediticio de Sudamérica, y aunque Bolivia está cumpliendo con el pago de los servicios de la deuda, primó la desconfianza de estas entidades por las decisiones que el Gobierno tomará en el futuro para enfrentar la caída de las reservas internacionales netas.

Otra señal muy clara de la aprensión de los vecinos hacia nuestro país ha sido el acuerdo entre Paraguay, Brasil, Argentina y Chile para construir el corredor biocéanico, y recientemente de Paraguay y Brasil, para instalar un gasoducto desde Vaca Muerta hasta Sao Paulo, excluyendo en ambos casos a Bolivia.

La desconfianza hacia Bolivia no es nueva y no se genera arbitrariamente.  De hecho, medidas como la nacionalización de las empresas petroleras y la política de hidrocarburos desincentivarono la inversión en este sector, especialmente en exploración, que entre 2021 y  2025 alcanzó la ínfima suma de $us 171 millones.

Pero también por esa causa, estamos soportando caídas significativas en la inversión extranjera directa (IED), una fuente de recursos que en 2023 reportó 74 millones de dólares negativos, mientras que ese mismo año Perú, en medio de una grave crisis política, recibió $us 1.918 millones en IED, Colombia; con problemas de guerrillas, narcotráfico y polarización, 17.144 millones; Nicaragua, gobernada por una dictadura, 1.230 millones; Líbano, sin presidente y en inestabilidad monetaria, 655 millones; y Serbia, azotada por crisis política y económica, 4.891 millones.

Las consecuencias de la pérdida de confianza, alcanzan también a las empresas nacionales. Hace unas semanas, autoridades del Gobierno decidieron suspender indefinidamente las exportaciones de carne y de soya, pese a que unos meses antes, suscribieron compromisos públicos para fortalecer a los mismos sectores que hoy afectan.

Esas contradicciones generan incertidumbre, desincentivan la expansión de negocios, generan fuga de capitales y son la causa para que haya menos inversión, menos producción y menos oportunidades laborales, y; que sectores estratégicos como energía, minería, turismo o tecnología estén prácticamente paralizados por falta de capital.

Mientras esto ocurre, la Asamblea Legislativa ha congelado el tratamiento de los contratos para explotar el litio, pese a que éstos ya fueron suscritos con empresas internacionales. Es probable que los contratos con la rusa Uranium One y la china Hong Kong CBC sean rechazados por esta instancia como lo fueron con la americana Lithco en 1993 y con la alemana ACI Systems en 2019, lo que confirmaría una vez más la poca confiabilidad de nuestro Estado para garantizar la inversión extranjera.

El problema no solo tiene que ver con la economía o la imagen internacional. De hecho, según los últimos estudios de opinión, 8 de cada 10 bolivianos desconfiamos del sistema político, y 9 de cada 10, del sistema de justicia. Hay sobradas razones para ello.

La pérdida de confianza hacia nuestro país y hacia las instituciones tiene que ver con muchos factores como la debacle de la institucionalidad y del Estado de derecho, las erráticas políticas públicas, la crisis de valores, la extrema debilidad del Estado, la impunidad de los políticos y una cultura corporativista donde grupos ilegítimos pero organizados pueden imponer o eliminar leyes según sus intereses coyunturales.

Este problema es estructural y pone en riesgo la viabilidad del desarrollo, la estabilidad y la propia democracia. Mientras no lo solucionemos seguiremos siendo un país condenado al ostracismo y al fracaso, donde la fe del Estado y los compromisos públicos son simples enunciados sujetos a los cambios políticos y al capricho de los líderes de turno.