El 75% desconfía del proceso de selección del fiscal general
La mayoría de los bolivianos que viven en las áreas metropolitanas de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz des desconfían del proceso de elección del nuevo fiscal general del Estado y creen que esta autoridad debe tener independencia, según los resultados de la última encuesta del Foro Regional formado por Ciudadanía, Ceres y Los Tiempos.
De acuerdo con el estudio realizado este mes por Ciudadanía en los municipios metropolitanos de los departamentos del eje, los cochabambinos desconfían mucho más del proceso de elección que en las otras dos regiones, pero los paceños le dan un poco más de importancia que el resto a la independencia del Ministerio Público.
Según los datos, la desconfianza en este proceso de selección de fiscal general, alcanza a un 75,5 por ciento de los encuestados que creen que es “poco” o “nada” transparente. Pero lo que alarma es que un 40,5 por ciento tiene una “desconfianza absoluta” en que la próxima elección del fiscal general en la Asamblea legislativa sea transparente.
Otro dato interesante que devela la encuesta y la percepción que los ciudadanos tienen sobre el papel o el trabajo que desarrolla el Ministerio Público es el para quién trabaja, si para el Estado o los ciudadanos.
Ante la consulta ¿En beneficio de quién trabaja principalmente el o la Fiscal General de Bolivia?, algo más del 60 por ciento considera que sirven al Estado y a las autoridades, es decir, menos del 40 por ciento de la población encuestada percibe que el fiscal es defensor de la sociedad. En tanto, sólo el 39,9 por ciento señala que la Fiscalía trabaja para los ciudadanos, la sociedad.
Por otra parte, casi la mitad de los encuestados señala la importancia de que el nuevo fiscal general sea independiente de los poderes del Estado. 46,6 por ciento lo señala así, mientras que 16,6 por ciento anotaron que es “algo importante”. Sólo un 14 por ciento apuntó que la independencia es “poco” relevante.
En cuanto al diferencial por antecedente político, entre los que votaron alguna vez por Evo Morales y entre los que no votaron por él nunca, un 49,8 por ciento de los que nunca sufragaron por el mandatario confían “nada” que el proceso de selección será transparente, mientras este porcentaje se reduce a 33,6 por ciento entre los encuestados que alguna vez sí votaron por el jefe de Estado.
En cuanto a las regiones, los paceños la dan mayor prioridad a la independencia del fiscal general, respecto a los poderes del Estado, que los cruceños y los cochabambinos.
3 de cada 4 encuestados desconfían de la transparencia del proceso de selección de fiscal general del Estado.
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA METROPOLITANA
La encuesta se realizó del 1 al 13 de septiembre de 2018. El universo es la población en edad de votar de las áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
La muestra es de 1.200 mujeres y hombres, polietápica y estratificada.
Margen de error de +- 2,8 puntos porcentuales para las tres áreas metropolitanas de Bolivia.
ANÁLISIS
Juan Cristóbal Soruco. Exdirector de Los Tiempos
Entre lo que la gente quiere y la realidad
Estamos a horas de que la Asamblea Legislativa nombre al nuevo fiscal general del Estado, que es “la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y ejerce” su representación. Y el Ministerio Público debe “defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercer la acción penal pública”, para lo cual tiene “autonomía funcional, administrativa y financiera” (CPE, Arts. 225 y 226).
Pero, grosso modo y de acuerdo a la encuesta realizada para el Foro Regional, un buen porcentaje de la gente consultada que vive en el eje central del país cree que el fiscal general del Estado trabaja en beneficio del Estado y las autoridades, y menos del 40 por ciento, para la ciudadanía. Se trata, sin duda, de una percepción que nace de la forma en que actúan los funcionarios del Ministerio Público, y más aún desde 2006, cuando el partido de gobierno copó esa instancia estatal para su propio beneficio.
Esa percepción no queda ahí. La gente, que en su mayoría cree que la independencia del Ministerio Público y sus funcionarios es muy importante, al mismo tiempo desconfía de que el fiscal general sea elegido en forma transparente, percepción similar en los tres departamentos del eje central.
Es posible afirmar que no se trata de una situación novedosa, sino que tiene un largo arrastre y que, en la historia inmediata, se remonta, probablemente, al denominado caso Rosza, en el que se develó la existencia de un “cártel” de fiscales y jueces, patrocinados desde el poder central, para acusar, amedrentar y meter en la cárcel a cuanto opositor se veía en Santa Cruz.
Tan a gusto de los poderosos funcionaron esas organizaciones delincuenciales que, si nos atenemos a declaraciones que han surgido en los últimos días a propósito del caso del médico Jhiery Fernández, han sido mantenidas, incluso para servir otros intereses que los del Órgano Ejecutivo.
Obviamente, es posible pensar que esta percepción ciudadana poco o nada importa a los postulantes a fiscal general, pero sí importará a la gente saber que su visión comienza a hacerse pública y más temprano que tarde obligará a impulsar una reforma radical. Nuestra pacífica convivencia así lo exige.
