Mujer que denunció a exdirectora vivía en un departamento de Medina
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que la abogada que denunció a la exdirectora de Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) - Santa Cruz, Patricia Salazar, por el presunto delito de estafa agravada, fue encontrada viviendo en un departamento que pertenece al exjefe policial Gonzalo Medina.
Según medios cruceños, se trataría de un departamento del condominio Torres Gemelas, ubicado en la avenida Bánzer casi 2do anillo, que pertenece supuestamente al exjefe policial. Informes de Inteligencia reflejan que este departamento está registrado a nombre de E. F. P. y sería un bien inmueble de propiedad de Medina, donde estuvo viviendo la abogada Darly Franco.
El sábado, mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno informó que Salazar fue desvinculada de Dircabi para evitar “especulaciones y generalizaciones respecto a la situación de la mencionada”.
En tanto, Dircabi informó que entre los meses de mayo y junio de la presente gestión se registraron 13 inmuebles en la ciudad de Santa Cruz relacionados a los casos Medina, Fernando Moreira y Pedro Montenegro, en los que se evidenció que varios están ocupados por terceras personas, razón por la cual se está gestionando vía judicial para sus desalojos.
“Un total de 13 inmuebles que se encuentran bajo administración de Dircabi, tienen un valor aproximado de 3 millones de dólares, situación que ha motivado a terceros a detractar la imagen institucional de Dircabi”, dice un comunicado de prensa.
La Fiscalía y Policía investigan inmuebles de Medina y Montenegro que fueron puestos a nombre de E. F. P. y una ciudadana de nacionalidad brasileña que responde al nombre de R. G. S., que, de acuerdo a la documentación, tendría más de ocho bienes inmuebles a su nombre.
Salazar se defiende
La destituida directora de Dircabi Santa Cruz dio a conocer pormenores de cómo es que se le instauró una demanda por estafa agravada. Salazar manifestó a El Deber que “simplemente era la que promocionaba y ofrecía los cursos de enfermería y otros (…), pero la que cobraba era la secretaria de la dueña del instituto, de nombre Flavia”.
Cuando los estudiantes se enteraron de que el instituto no tenía licencia, un grupo de afectados de Portachuelo denunció por estafa agravada a la brasileña, y ella se comprometió a impartir los cursos una vez haya obtenido la licencia del Ministerio de Educación.
“Lo que hice yo —dice Salazar— fue coadyuvar con los estudiantes para que la dueña de instituto devuelva el dinero o cumpla con el ofrecimiento de los cursos; por este motivo, la brasileña me inició una demanda por estafa, utilizando poderes falsos de algunas supuestas víctimas y por este injusto proceso ahora soy víctima de estas personas dañinas”.
Salazar dice que las dos brasileñas, la abogada en este caso demandante y la dueña del instituto, siempre actuaron juntas.
PIDEN INVESTIGAR MODIFICACIÓN DE AUTO SUPREMO
La jueza 2do. anticorrupción de Sucre, Odalis Serrano, dispuso arresto domiciliario con escolta en Montero para el exjuez de Cotoca Federico Jiménez Rua, quien concedió una acción de libertad que dejó sin efecto la orden de detención preventiva con fines de extradición en favor de Pedro Montenegro Paz.
El exjuez de Cotoca cuestionó y acusó falta de objetividad de los fiscales, dice no entender cómo el entonces encargado de subir los autos supremos del Tribunal Supremo de Justicia y ahora Vocal del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Darwin Vargas Vargas, esté en libertad cuando fue el responsable y encargado de subir a la página web del TSJ la resolución 075/2015 modificada que favoreció y permitió que se deje de buscar a Pedro Montenegro.
