Observan falencias en instituciones a cargo de centros de infractores
En los últimos días, en La Paz, se conoció el caso de un menor de 17 años que le quito la vida a su enamorada de 18 años utilizando un martillo para destrozarle el rostro. En Cochabamba una jueza de Arani determinó cinco años de detención domiciliaria para un adolescente de 16 años, acusado de violar a sus cuatro primos cuya edad oscila entre 5 y 10 años.
Ambos casos causaron polémica en la población porque algunos ciudadanos consideran que “deberían ser sancionados como adultos porque cometieron el delito como tal”, pero además señalan que una vez que estén libres podrían cometer el mismo delito.
De acuerdo con la Ley 548 del Código Niño, Niña y Adolescente, la responsabilidad penal de un adolescente de 14 a 18 años de edad establece que de la sentencia que se le dé, ésta debe ser atenuada en cuarta parte del total de años, es decir, que la sentencia máxima que puede recibir es de cinco años.
Expertos en el área señalaron que existen falencias institucionales, como en los servicios departamentales de gestión social de las gobernaciones, porque una vez que los menores infractores son derivados a los centros no reciben un tratamiento adecuado para rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad.
Además del apoyo psicológico y social, el menor debería concluir sus estudios escolares para poder salir bachiller.
El representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, manifestó que “si se quiere recuperar a un adolescente, mientras menos años esté encerrado, más esperanzas se tiene para recomponer y reorientar su vida”.
La diputada y por muchos años directora de la Defensoría de la Niñez en Cochabamba, Cira Castro, observó que en el Centro de Infractores Cometa sólo el personal eventual especializado está a cargo de las “terapias”.
La autoridad advierte que es importante que se haga una valoración íntegra de los casos. “Estamos siendo permisibles, existen factores que no nos permiten tener un resultado positivo, los adolescentes deben salir con un cambio de conducta”, declaró.
“Tengo información que dentro del Cometa (de Cochabamba) los adolescentes sufren maltrato físico y psicológico”, dijo.
Castro indicó que es importante que los adolescentes recluidos sean clasificados según el delito que cometieron, esto para que uno que haya matado a alguien por accidente, no esté junto a otra persona que está acostumbrada de delinquir.
Algunos menores cometen algún ilícito por desconocimiento, falta de madurez y arranques de rebeldía, explicó Nelson Cox. “Hay que protegerlos, porque muchas veces no saben lo que hacen. Tienen que aprender a reparar el daño y reorientar su vida”, manifestó.
El proceso de investigación y el desarrollo del juicio oral no debe durar más de ocho meses, según normativa que existe en el país.
USAN A NIÑOS PARA VENTA DE DROGA
Los menores de 13 años de edad, al ser inimputables, son usados por las personas que se dedican al tráfico de sustancias controladas.
El delegado defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, explicó que muchos adolescentes son usados para el tráfico de marihuana y otras sustancias.
“Los delincuentes usan las lógicas de protección y cuidados a los menores de edad, para obligarlos a delinquir”, explicó.
El 2018 se registró por lo menos tres casos de menores involucrados en el transporte o venta de drogas.
