El GIEI-Bolivia divulgará su informe sobre la violencia de 2019 el 16 de agosto
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que hará público su informe sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia en 2019.
"Finalizado el plazo mencionado, actualmente el GIEI está realizando la edición y la corrección de estilo del informe para su publicación y difusión, organizando los aspectos logísticos para llevar a cabo el lanzamiento público del informe en Bolivia la semana del 16 al 20 de agosto. Además de La Paz, el GIEI visitará otras ciudades y localidades para dar a conocer el informe y los hallazgos sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019" señala el comunicado emitido hoy.
El GIEI-Bolivia entregó el informe final al gobierno de Luis Arce Catacora el 23 de julio para que pueda realizar las observaciones y comentarios conforme establece el acuerdo que firmó el Estado boliviano con la CIDH.
"Finalizado el plazo mencionado, actualmente el GIEI está realizando la edición y la corrección de estilo del informe para su publicación y difusión, organizando los aspectos logísticos para llevar a cabo el lanzamiento público del informe en Bolivia la semana del 16 al 20 de agosto. Además de La Paz, el GIEI visitará otras ciudades y localidades para dar a conocer el informe y los hallazgos sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019" indica otra parte del texto.
Transcurrieron los 10 días establecidos en el convenio y ahora se alista la difusión del documento que, según adelantaron autoridades gubernamentales, refuerza los procesos iniciados en contra de los presuntos autores de las muertes ocurridas en Senkata y Sacaba durante la crisis política en 2019.
El activista de los derechos humanos de El Alto, David Inca, adelantó que las víctimas de la represión en Senkata serán los primeros en conocer los contenidos del informe.
El Gobierno ya adelantó que ese documento no es vinculante, es decir no tiene una fuerza legal como la de una querella. La oposición también advirtió de que el documento puede ser utilizado como un instrumento para profundizar la persecución política.
