Cuestionan el rol sumiso del TCP al poder de los gobernantes de turno

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es considerado como “el poder detras del poder”, pero interferido e influenciado por el mando político de turno, según analistas.

Anotan además que pese a ser el guardián de la Constitución Política del Estado (CPE) se ha constituido en su principal vulnerador, todo con el objetivo de favorecer al partido gobernante.

“La institución perdió su razón de ser”, dicen los abogados constitucionalistas.

“El Tribunal Constitucional no es un supra poder, más al contrario es un anti poder, porque el TCP tiene el rol de hacer prevalecer la Constitución y evitar los exabruptos del poder, lamentablemente en Bolivia nuestro tribunal está gravemente interferido e influenciado por el poder político de turno”, sostiene el abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso Jines.

A su vez, el también constitucionalista José Luis Santistevan Justiniano sostuvo que la “justicia está destruyendo el estado constitucional de derecho”.

“La administración de justicia está destruyendo la institucionalidad democrática al fallar trastocando la CPE y anular atribuciones del Legislativo promovidas por el Ejecutivo. La justicia por encima de la soberanía del pueblo”, manifestó.

Carlos Alberto Goitia Caballero, constitucionalista, refiere que el TCP emitió pronunciamientos que no se han apegado a la Constitución.

“Han transformado la Constitución, le han hecho cambios a título de interpretarla sin que hubiese participado el pueblo, por lo tanto, han resquebrajado seriamente el sistema de justicia, todo por intereses políticos”, indicó.

En ese contexto, el legista Santistevan Justiniano señaló que el “TCP en vez de cumplir el mandato constitucional y generar estabilidad se ha convertido en un elemento de generación de inestabilidad política’.

Freno democrático

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, a través de su cuenta de Twitter cuestiona el rol del TCP que adecúa su accionar a conveniencia del poder.

“Control judicial de constitucionalidad (TCP) extraviado a conveniencia del Órgano Ejecutivo y bancadas parlamentarias que frenen el ejercicio democrático de la interpelación y la renovación del Órgano Judicial”, sic.

Sobre el seguimiento a las recomendaciones del GIEI Bolivia señala que “omite seguimiento GIEI (IV) sobre: 1. falta de independencia de administración de justicia, 2. ausencia de garantías debido proceso e instrumentalización de justicia para persecución política, 3. uso abusivo de prisión preventiva y 4. obstáculos a la verdad y la justicia.

Destrucción del TCP

La injerencia política en el sistema de justicia es un problema que data de hace mucho tiempo en Bolivia, aspecto que se profundizó durante la gestión de Evo Morales, que utilizó el sistema de judicial contra sus rivales políticos.

Desde la llegada de Morales al poder, el Tribunal Constitucional fue duramente cuestionado hasta llegar a plantear juicio de responsabilidades contra los magistrados, obligando a renunciar.

En 2009, con la nueva Constitución Política del Estado, en medio de la confusión política, el TCP se convirtió en un blanco de presiones políticas con el objetivo de designar suplentes y tener el control.

A inicios del 2010, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura estaban paralizados debido a la falta de miembros.

El 12 de febrero de 2010, Morales copa la justicia, toda vez que la Asamblea Legislativa aprobó la ley que autorizaba al presidente a designar cinco miembros interinos del Tribunal Supremo de Justicia, diez miembros del Tribunal Constitucional y tres miembros del Consejo de la Judicatura.

Según datos, el desmantelamiento acelerado entre 2006 y 2009 determinó la caída del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el copamiento total se dio con la vigencia de la Constitución de 2009, que determina que los futuros miembros de las altas cortes de justicia y el TCP se elijan a través del sufragio universal

Ya en 2011, con las primeras elecciones judiciales, oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) eligió a sus afines, pese a que se presume que no pertenezcan al mismo partido, con los dos tercios que tenía en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El TCP y los fallos en favor del poder

El gobierno del MAS violó la Constitución al menos 5 veces y la alteró solo para sus propósitos, apoyado en el Tribunal Constitucional.

- La reelección indefinida luego del referéndum 21F (alteró el art. 168 CPE).

- La no renuncia de candidatos 3 meses antes de las elecciones (alteró el art. 238.3 CPE).

- El domicilio permanente para ser candidato (alteró el art. 149, 167, 285. I.1. CPE).

- Las alteraciones al contrato social fueron sin necesidad de voto popular en complicidad con el TCP.

 - El último acto de alteración de la carta de garantías es el incumplimiento del art. 158.18 CPE, burlando la censura y destitución de un ministro y desconociendo la atribución de control de otro órgano del Estado.

Judicialización de la democracia

El abogado constitucionalista, José Luis Santistevan Justiniano, afirmó que el ‘país ya no se rige por la Constitución, incluidas sus leyes si no que se rige por fallos, lo que significa que el gobierno ha judicializado la democracia y el poder’.

“Un gobierno es considerado de facto, cuando destruye el funcionamiento de los órganos públicos y la forma republicana de gobierno: La Asamblea legislativa, el Tribunal constitucional, el Órgano judicial, la Procuraduría, la Contraloría, Autoridades regulatorias, Policía, FFAA, etc.

Ya no es solo la desinstitucionalización de los órganos, es la negación de la democracia”, sostuvo el legista, al referir que la ‘justicia está destruyendo el estado constitucional de derecho’.

OPINIONES

En Bolivia nuestro Tribunal Constitucional está gravemente interferido e influenciado por el poder político, el gobierno de turno siempre ha tenido mucha injerencia”. Marco Antonio Baldivieso, abogado constitucionalista.

Todo lo que se ha ido haciendo enel gobierno de Evo Morales ha sido para fortalecer el poder de la presidencia y claro eso suponía un dominio de todos los otros poderes del Estado”.

Carlos Alberto Goitia C., abogado constitucionalista.