Aflora otra vez el debate sobre la tierra, ahora se habla del acceso al crédito
La consigna de “minas al Estado y tierras al indio” fue una de las principales demandas para que se efectivice la revolución de 1952. A fines de ese año, los campesinos decidieron por voluntad propia, y no por una propuesta clara del MNR, iniciar la toma de haciendas, lo que obligó al Gobierno de Víctor Paz decretar el 2 de agosto de 1953 el proceso de reforma agraria que se firmó en Ucureña. Sin embargo, aquella medida no logró aplacar la sed de tierras hasta que, en 2006, con el gobierno de Evo Morales, se buscó una redistribución y saneamiento con la Ley 3545.
Las propuestas
En noviembre de 2025 asumió la conducción del Estado el actual presidente Rodrigo Paz, bajo la consigna del capitalismo para todos sin tocar el problema de la tierra. Tal vez sin proponérselo, se vio cuasi obligado a promulgar la Ley 1720, que tiene por objeto “autorizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria–INRA, a realizar la conversión voluntaria de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana”.
El proyecto fue sancionado por Diputados en 2024, durante el Gobierno del MAS de Luis Arce, y reactivado en este nuevo ciclo legislativo por la Comisión de Tierra presidida por el empresario agroindustrial Branko Marinkovic.
La normativa, según Paz, busca facilitar el acceso al crédito a favor de los pequeños propietarios. Sin embargo, diversas organizaciones la cuestionan, por ejemplo, Álvaro Céspedes, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), asegura que esta “ley representa uno de los retrocesos más graves y silenciosos del régimen de tierras en Bolivia desde la Reforma Agraria de 1953” y allana el camino para una nueva fase de concentración de la tierra mediante su financiarización.
El economista, y parte del equipo de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, refuta la aseveración del Gobierno en sentido de que con esta normativa “los pequeños productores podrán hipotecar su tierra y acceder a créditos baratos”. Con cifras en mano asegura que quienes ya tienen tierras hipotecables, medianos y grandes propietarios, obtienen el 71 por ciento de sus créditos sin hipotecarlas. Esto significa que “el grueso del financiamiento no se apoya en tierras agrarias, sino en otras garantías: activos empresariales, instrumentos financieros, garantías no convencionales, entre otros. El sistema financiero ya funciona sin que la tierra sea una condición central”. La cartera del microcrédito agropecuario, asegura, iguala a la empresarial.
“Los pequeños agropecuarios financian sus medios de trabajo con respaldo de los mismos activos y papeles de propiedad”. El Gobierno también señala que no afectará a las comunidades indígenas ni a las Tierras Comunitarias (TCO), pero el Centro de Estudios Jurídicos Investigación Social (Cejis) asegura que las pequeñas propiedades agrícolas y ganaderas colindan con territorios indígenas o se encuentran en su interior “y un cambio en la propiedad podría generar mayores presiones”, invasión de propiedades y tráfico de tierras colectivas en Beni y Santa Cruz.
