CIDH acepta demanda de Mario Cossío y le da 90 días al Gobierno para responde
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), aceptó la demanda interpuesta por el exgobernador de Tarija, Mario Cossío, quien tiene asilo en Paraguay.
Se otorgó un plazo de 90 días a las autoridades bolivianas para responder a las observaciones.
Cossío acusó al Gobierno de violaciones a la Convención Americana sobre derechos Humanos debido al “derrocamiento” del cargo de gobernador del que fue víctima el 16 de diciembre de 2010.
“Cumplo con informar a ustedes que mediante nota de la fecha se han remitido las partes pertinentes de su petición al Gobierno de Bolivia y se ha fijado un plazo de tres meses, contados desde la fecha de transmisión de la presidente comunicación, para que presente sus observaciones, conforme al artículo 30 del Reglamento de la CIDH”, afirma la nota de la CIDH, firmada por Déborah Benchoam, en representación de la secretaría ejecutiva.
En su demanda, Cossío acusó al Gobierno de haber ejecutado un “golpe de Estado” para separarlo del cargo de gobernador, en el marco de una estrategia “de eliminación de los líderes opositores”, porque lo hizo, afirmó “sin que exista sentencia penal que lo inhabilite a ejercer el mandato otorgado por el voto popular”.
Artículos de la Ley de Autonomías vigentes en ese momento permitían a las asambleas departamentales destituir a alcaldes y gobernadores ante simple acusación de fiscal, sin que esas autoridades hubieran sido encantaradas culpables. Con ello, el Gobierno logró descabezar varias entidades opositoras, entre otras las gobernaciones de Beni y Tarija. Cossío fue acusado por el caso Imbolsur.
Esos artículos fueron declarados inconstitucionales posteriormente y Cossío fue declarado inocente en el caso Imbolsur, que había generado su suspensión.
Mediante vía telefónica, Cossío dijo que la decisión del CIDH “abre un camino de esperanza” de encontrar justicia en tribunales internacionales, ante la imposibilidad de hacerlo en Bolivia debido al “total sometimiento” del órgano judicial al régimen.
Señaló que la decisión CIDH deja en claro que los autores de violaciones a los derechos humanos “no permanecerán eternamente impunes”.
Denunció que “el régimen de Evo Morales” sigue violando sus derechos, pues impulsa su juzgamiento en múltiples causas “fabricadas” con el único afán de inhabilitarlo políticamente.
Hacía referencia a un reciente caso por el que fue hallado culpable de las irregularidades encontradas en la construcción del tramo vial Tojo-La Verdiguera y sentenciado en ausencia a dos años y seis meses de privación de libertad por la comisión del delito de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros.
“Ese ha sido un juicio en el que jamás he sido notificado legalmente y sobre hechos en los cuales no tengo ninguna vinculación ni responsabilidad y con defensores que designa el propio Gobierno que me acusa”, señaló Cossío. Hizo notar que dos exfuncionarios de la Gobernación admitieron su responsabilidad en las irregularidades de ese tramo caminero.
