¿Quién tiene la culpa?

La senadora Adriana Salvatierra culpó a la “desinformación de la ciudadanía” al intentar explicar por qué 8 de cada 10 votos fueron nulos en los centros capitalinos bolivianos, en las pasadas elecciones judiciales; similares afirmaciones hicieron otros voceros del Movimiento Al Socialismo (MAS). Una curiosa conclusión pues justamente en los recintos donde votó la gente con mayor nivel socioeconómico y acceso a los medios de comunicación es donde más se expresó el voto pifiado.

Salvatierra no reflexionó, al menos públicamente, sobre su propia responsabilidad y la de sus colegas y camaradas Susana Rivero, Gabriela Montaño, Gisela López, por el rol que cumplieron en las diferentes etapas de organización de estas elecciones. ¿No pensaban en el efecto búmeran de sus acciones al contaminar los procesos de selección y de calificación obstaculizando la participación de la sociedad civil? ¿Por qué no se presentaron juristas independientes o de mayor prestigio, académicos, notables, de corbata o de poncho?

El MAS tiene la manía de acusar a la derecha, al neoliberalismo, a los periodistas, al imperio, de sus propios y cada vez más grandes tropezones. Ni Hugo Moldiz ni Amanda Dávila, menos Carlos Romero o Hugo Siles cumplieron la necesaria autocrítica por su grotesca campaña de febrero de 2016 y le echaron el fardo al “cartel de la mentira”.

No sorprende que ahora dirigentes masistas culpen del fracaso de la elección del domingo 3 de diciembre al Órgano Electoral Plurinacional por “fallas en su política comunicacional”. Ya hay expresiones que provocan pensar que rodarán cabezas.

Por su parte, Antonio Costas, sobre cuya independencia dentro del OEP hay cada vez más dudas, intentó en la víspera –quizá porque el rumor de voto nulo era imparable–pasar la pelota al Tribunal Constitucional Plurinacional por su fallo en un tiempo político incorrecto. La decisión del TCP de burlar el resultado de una consulta popular habría contribuido a engrosar el voto nulo. Ni Costas ni José Luis Exeni tocaron el tema sobre la falta de confianza de la ciudadanía en el árbitro.

Recordemos que, ante el fracaso el 2011, también se quiso responsabilizar a los marchistas que reclamaban respeto al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. En ese octubre, cuando ya se sabía que Evo Morales era capaz de reprimir cruelmente a los más desposeídos del país, el voto fue igualmente nulo y de bronca.

Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera descubrió su nueva “maniobra envolvente”. Decir que, con más de 157 votos, cualquier candidato es más legítimo que hace 10 años, es despreciar el conocimiento de la población.

Para equilibrar el estropicio, deberían actuar otros componentes, como la carrera judicial, el estatuto del funcionario público, la meritocracia. Debería elegirse a un nuevo contralor, independiente y sabio; a otro fiscal y renovar todo el Ministerio Público. La mala administración de justicia afecta inclusive a los que ahora gozan del efímero poder.

La autora es periodista