Molina dice que su denuncia por el caso mochilas es contaminada con la politización
La concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Rocio Molina, aseguró hoy que su denuncia por el caso mochilas escolares es contaminada con “el elemento de la politización”, en referencia a las movilizaciones de respaldo al alcalde, José María Leyes, y a la denuncia de la bancada Demócratas sobre un “golpe municipal” orquestado por el Gobierno.
Ayer en la noche, el juez cautelar de la Estación Policial Integral (EPI) Norte, Luis Fernando Pérez, determinó la detención domiciliaria para el alcalde José María Leyes en el caso de la compra irregular de las mochilas.
“Mi denuncia está absolutamente sustentada y el objetivo principal es luchar contra la corrupción que está enquistada en la Alcaldía de Cochabamba. Son recursos de nuestros niños y cochabambinos que ahora se ven comprometidos con corrupción”, señaló Molina en entrevista con televisión estatal.
Molina denunció ante el Ministerio Público el presunto sobreprecio y la compra anticipada de un stock en la adjudicación de mochilas escolares a la Asociación 26 de Febrero por 12,4 millones de bolivianos.
Por su parte, el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, dijo que en las próximas horas apelaran la decisión del juez cautelar que dictó detención domiciliaria para la autoridad edil.
Los delitos por lo que Leyes fue imputado son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contrataos lesivos al Estado.
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, tras la determinación que le da detención domiciliar al alcalde, José María Leyes, aseguró anoche que con esta determinación judicial se da lugar al “golpe municipal” orquestado por el Gobierno y grupos afines al MAS.
“Han prohibido el ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano y esto es un antecedente que demuestra la dictadura que estamos viviendo en nuestro país. Hoy se consuma la dictadura en nuestro país y estamos evidenciando que hay autoridades judiciales que pueden suspender los derechos políticos de cualquier autoridad electa por el pueblo”, dijo Monasterio.
El abogado de Leyes, Humberto Trigo, dijo que se estudiará una apelación a la determinación de que la autoridad edil no tenga contacto con funcionarios públicos.
