Mesa y el efecto Quiborax

Por principio, lo que se pacta y acuerda, debe ser cumplido. El brocardo “pacta sunt servanda” da cuenta de ello, por lo que todo pacto debe ser honrado, como ya proclamaban los romanos. La figura se torna más rigurosa cuando interviene la Fe del Estado, ocasión en la que la obligación de cumplimiento es más imperiosa. Y para muestra un botón: la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. No es bueno, entonces, afectar la inversión privada nacional o extranjera. Lo atinado es atraerla en un marco de sana competencia y con reglas claras que disipen todo temor a temibles expropiaciones, nacionalizaciones o confiscaciones.

En una negociación, no puede haber una parte que gana o gana más que la otra. Todas deben hacerlo, privados y públicos. Y si alguien sale perdiendo a costa del enriquecimiento del otro o fruto de la postura dominante del contrario, tarde o temprano la ecuación armónica que rige el cumplimiento contractual bajo las premisas jurídicas de la buena fe y del comportamiento de un buen padre de familia, se fragmenta y ahí es cuando nacen los problemas.

Siendo así, todo este esquema tiene una excepción cuando lo que está en discusión son bienes públicos. Demás está por señalar el porqué del cuidado que debe tomarse cuando ello ocurre. Y si bien es el Estado el que debe imprimir una política coherente que acompañe a la inversión privada y al riesgo que ello se genera con cada emprendimiento, queda claro que no toda inversión privada por serlo, garantiza que la conducta del inversor se ajuste a las reglas de la ecuanimidad y ponderación. Y parece que así fue en el caso Quiborax. Los hechos nos muestran que la decisión asumida por Carlos Mesa fue la correcta.

Comunicados de prensa de ese entonces llevados a cabo por Comcipo, encabezado por un señor de apellido Navarro (me dicen que es hermano del actual Ministro de Minería) da cuenta del regocijo de ese departamento por haber recuperado recursos no metálicos que según cuentan, beneficiaban únicamente a la empresa chilena.

Pero bueno, eso son los hechos que recojo de medios de información. Lo acontecido en el lugar lo sé de boca de un lugareño que vivía y trabajaba en la zona. Me dice él que cuando llegaron los chilenos, procedieron y sin lugar a pataleo, a retirar a todos los pobladores que de antaño, tenían como fuente de ingreso económico la explotación de ulexita. Me hizo la comparación con San Cristóbal, empresa que construyó un pueblo cuando ingresó a Bolivia, en contrapartida con Quiborax, que arrasó con todo lo que se puso al frente. Me detalló cómo se explotaba ulexita y cómo hacían uso de los ferrocarriles de la Red Andina para sacar el mineral sin control alguno hasta Chile. Finalizó indicándome que en esa época, Potosí entera se constituyó en un frente común contra la empresa chilena por la forma cómo se condujo empresarialmente y por los graves daños ocasionados a la economía del país y la región. Celebró la actitud de Mesa y la ponderó.

Termino aquí: son estas las inversiones que no queremos y las que corren riesgo por la manera cómo se conducen. Un particular no desea un socio así y un Estado no necesita un inversor de esa talla. Por otro lado, me parece que el gobierno vuelve a equivocarse con Mesa. Si el propósito que tiene es inhabilitarlo, llevarlo al banquillo de los acusados hará que se acreciente su imagen. El solo anuncio lo popularizó más. Un otro yerro nace con el discurso. La crítica por la promulgación del DS no tiene sentido y más aún, que Mesa sea causante de daño económico por sacar a Quiborax. Bajo ese razonamiento, ¿en qué quedan los pagos llevados a cabo fruto de arbitrajes que nacieron con la nacionalización? ¿También hubo daño? Habrá que ver. Lo que sí me parece interesante es la posibilidad de auditar legalmente el juicio arbitral, más allá de que el arbitraje tenga un manto de privacidad. Ojalá se pueda, porque el tema, con seguridad, dará para más.

El autor es abogado.