Mientras Mesa responde acusación, el MAS perfila proceso contra Tuto

Después de que la Fiscalía General presentara una proposición acusatoria en contra del expresidente Carlos Mesa, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ahora apunta al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga con otro juicio de responsabilidades por el caso Quiborax.

Mesa solicitó ayer a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) anular el desistimiento de acusación contra un grupo de trabajadores de Quiborax por la falsificación de documentos. En tanto, el diputado del MAS, Víctor Borda, anunció que acusará a Quiroga por aprobar una norma para dividir el salar de Uyuni, lo que permitió la concesión a la empresa minera Quiborax-Non Metallic Mineral.

Borda explicó que pedirá  “un proceso contra Jorge Tuto Quiroga, en su condición de expresidente de la República el 3 de abril de 2002, ha emitido el decreto supremo por el cual ha consolidado esta división del salar de Uyuni, este loteamiento del Salar de Uyuni. Acá está el decreto (26574) por el cual ha convalidado la ley 1854. Aquí ha existido un tráfico de influencias”.

Dijo que se procesará también a los legisladores Gonzalo Valda, Edgar Lazo y Jhonny Plata Chalar porque fueron los proyectistas e impulsaron esa normativa.

“Para que nos expliquen cuál ha sido el motivo fáctico, jurídico”, refrendó.

Borda anunció que la siguiente semana presentará una denuncia formal a la Fiscalía General del Estado contra Quiroga y los exlegisladores por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.

En tanto, Mesa, a través de una carta —difundida también en su blog personal—, objetó que la AEMP retirara el desistimiento de la acusación particular contra Fosck y otros representantes de Quiborax, como también lo hizo la Fiscalía de La Paz, posibilitando así la absolución por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa.

El expresidente también estrenó su canal de YouTube y en el primer material publicado se dedicó a aclarar temas relacionados al caso Quiborax, acusó al Gobierno de Evo Morales de llevar adelante una persecución en su contra y se comprometió a seguir defendiendo de manera firme el 21F.

BLANCO ENTREGA INFORME A LA FISCALÍA

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, remitió el informe del caso Quiborax a la Fiscalía General del Estado y dijo que no había mecanismos legales para frenar el retiro de la acusación en contra de ocho personas.

Blanco dijo que entregó el informe sobre el retiro de acusación al Fiscal General del Estado y apuntó que actuó en el marco de la ley. “El laudo arbitral es una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada emitida por un tribunal internacional que tiene sus propios mecanismos y que el Ministerio Público no tiene mecanismos para impugnar una laudo arbitral”, manifestó.

ESPECIALISTAS DICEN QUE EL TSJ DEBE DEVOLVER LA PROPOSICIÓN POR FALENCIAS

Wilson Aguilar

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe devolver al Ministerio Público el “requerimiento acusatorio” en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso NMM-Quiborax, por haberse detectado fallas en el proceso, según expertos constitucionalistas.

Después de conocerse elementos del requerimiento acusatorio planteado por la Fiscalía General y la afirmación del titular de este despacho, Ramiro Guerrero, respecto a las declaraciones del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, los legistas descalificaron el trabajo del Ministerio Público por dejar de lado actos de importancia.

La exmagistrada Silvia Seleme aseguró que el requerimiento de la Fiscalía tiene muchas falencias en la forma en que se procedió y puso como ejemplo el por qué no se incorporó a todo el gabinete de ministros de Carlos Mesa, toda vez que un decreto supremo es suscrito por todo el equipo de ministros y, por lo tanto, la responsabilidad es compartida.

A su vez, el constitucionalista Williams Bascopé Laruta explicó que el requerimiento de la Fiscalía presentado al Supremo de Justicia es una muestra de la irresponsabilidad con que se trabajó.

Asimismo, Bascopé refiere la displicencia con la que procedió el Ministerio Público, en lo que se refiere a la toma de declaraciones de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, acusada de filtrar documentos clave para la defensa boliviana.

Declaración no genera delito

Según los expertos constitucionalistas, las declaraciones del fiscal general, Ramiro Guerrero, no generan ninguna sanción, pero demuestran que no verificó todos los elementos para presentar la proposición acusatoria ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).